Un escenario signado por la desaprobación y el desconocimiento
Un reciente estudio de opinión pública elaborado por la consultora de la Universidad de San Andrés evaluó el nivel de conocimiento e imagen de los principales integrantes del Poder Ejecutivo Nacional. El informe, difundido por el diario Clarín, expone un panorama complejo para la administración central, caracterizado por un desgaste generalizado en la percepción ciudadana y un persistente déficit de instalación pública en segundas y terceras líneas.
Entre las principales conclusiones del relevamiento se destacan dos factores críticos. En primer lugar, la totalidad de los colaboradores evaluados finalizó la medición con un diferencial neto negativo; es decir, registraron una proporción mayor de opiniones desfavorables que favorables. En segundo término, cerca de la mitad de los funcionarios analizados padece un nivel de desconocimiento cercano o superior al 50%, lo que limita de forma severa su capacidad de comunicación e inserción institucional.
Esta falta de identificación masiva afecta de manera directa a ministros como Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), quienes aún conservan un amplio margen de la población sin opinar sobre su gestión.
El podio del Gabinete y la evaluación de las carteras económicas
En el ordenamiento según la imagen positiva, el mejor ubicado dentro de la estructura de Gobierno es el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El dirigente proveniente del PRO alcanza un 29% de imagen favorable frente a un 50% de rechazo, lo que le otorga un saldo neto de -21 puntos. Si bien se trata de una cifra negativa, representa el balance menos desfavorable del listado nacional.
El podio de aprobación lo completan la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo. Pettovello registra un 26% de imagen positiva y un 48% de desaprobación. Por su parte, Caputo obtiene un 25% de valoración positiva pero acumula un 60% de imagen negativa, exhibiendo un elevado nivel de conocimiento popular acompañado por un marcado rechazo social, condicionado por la dureza de las medidas económicas.
En la franja intermedia se ubican el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con un 20% de positiva y 53% de negativa, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien cosecha un 19% de aprobación frente a un 73% de imagen negativa. La funcionaria del entorno presidencial se destaca por registrar la segunda tasa de rechazo más alta de todo el estudio, solo por detrás de la figura de Manuel Adorni.
Por otro lado, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, obtiene un 15% de imagen positiva y un 35% de negativa. Junto al canciller Pablo Quirno, ostenta uno de los diferenciales negativos más acotados del Gabinete (-20 puntos), favorecida en parte por un menor nivel de exposición y conocimiento público.
El tramo inferior y las figuras de mayor fricción
La zona baja de la tabla ratifica las dificultades que enfrenta el Ejecutivo en materia de imagen pública. El canciller Pablo Quirno figura con un 13% de imagen positiva y 33% de negativa. Más abajo se posiciona el exjefe de Gabinete y actual funcionario Manuel Adorni, quien anotó uno de los guarismos más severos del relevamiento: un 11% de aprobación frente a un 79% de desaprobación ciudadana.
El listado lo cierran los titulares de carteras con menor visibilidad nacional:
Mario Lugones (Salud): 10% de imagen positiva y 33% de negativa.
Carlos Presti (Defensa): 10% de imagen positiva y 31% de negativa.
Juan Bautista Mahiques (Justicia): 9% de imagen positiva y 34% de negativa.
En todos estos casos, el porcentaje restante hasta completar el total de la muestra corresponde a la opción «no sabe / no contesta», lo que confirma que el anonimato continúa siendo un obstáculo estructural para buena parte de los colaboradores ministeriales.
Las conclusiones del informe señalan que el desgaste político y la erosión de la imagen se concentran con mayor intensidad en aquellos ministerios encargados de ejecutar las decisiones de ajuste estructural y las áreas de fricción directa con los reclamos sociales, configurando un desafío comunicacional decisivo para el desarrollo de la gestión.
