Respuesta conjunta de las operadoras petroleras
Las empresas petroleras Rockhopper, de capitales británicos, y Navitas Petroleum, de origen israelí, emitieron una declaración conjunta en la que confirmaron que continuarán con el desarrollo del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en las Islas Malvinas. La posición de ambas compañías se dio a conocer luego de las medidas y sanciones anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional contra empresas que participen de la exploración o explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur sin autorización de la República Argentina.
En el comunicado difundido, las empresas minimizaron las advertencias formuladas desde Buenos Aires y expresaron la certeza de que las medidas no tendrán un impacto significativo en el desarrollo del yacimiento. Las firmas ratificaron que continúan operando al amparo de las licencias de exploración y explotación otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y remarcaron que disponen del respaldo total y continuo del Gobierno del Reino Unido para la ejecución de sus actividades en la plataforma continental.
El alcance del proyecto Sea Lion y la reacción de los mercados
El yacimiento Sea Lion se encuentra emplazado en aguas del Atlántico Sur, a aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago de las Islas Malvinas. La iniciativa se halla actualmente en etapa de desarrollo y, de concretarse su pase a la fase productiva, representaría una explotación comercial de petróleo a gran escala en la región. Para el Estado argentino, la ejecución de estas tareas sin la correspondiente autorización formal vulnera de manera directa los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Pese a que las empresas señalaron en sus informes corporativos que las medidas no alterarán el cronograma fijado para el yacimiento, la jornada posterior a los anuncios registró un impacto negativo en sus cotizaciones bursátiles. En la Bolsa de Londres, las acciones de la británica Rockhopper registraron un retroceso superior al 5 %, mientras que los títulos de la israelí Navitas Petroleum experimentaron una caída cercana al 2 % en el mercado de Tel Aviv.
Marco normativo, sanciones previas y nuevos decretos
El escenario legal planteado por la Argentina cuenta con antecedentes legislativos de alcance punitivo. Desde los años 2011 y 2013 rigen la Ley 26.659 y la Ley 26.915, que prohíben la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin la venia del Estado nacional. Dicha normativa alcanza a las empresas, sus accionistas, entidades bancarias y proveedores, estableciendo inhabilitaciones comerciales de entre 5 y 20 años, la cancelación de beneficios fiscales y penas de prisión de 5 a 15 años para quienes ejecuten tareas de extracción o transporte no autorizadas.
Bajo este cuerpo normativo, ambas compañías ya contaban con sanciones administrativas previas: Rockhopper fue inhabilitada por 20 años en 2013, mientras que a Navitas Petroleum se le aplicó la misma sanción en 2022. En este marco, el Gobierno nacional formalizó la publicación del Decreto 868/2026, que reglamenta el régimen de la Ley 26.659 para bloquear el acceso a beneficios estatales a firmas involucradas, y del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026, que reasigna partidas presupuestarias para reforzar las capacidades de Defensa en el Atlántico Sur.
