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Garbarino cerró sus últimas tres sucursales y se encamina a la liquidación judicial de sus activos

La histórica cadena de electrodomésticos bajó definitivamente las persianas de sus locales en Belgrano, Almagro y el centro porteño. Tras décadas de presencia en el mercado argentino, la empresa quedó sin puntos de venta operativos bajo el proceso de quiebra que tramita en la Justicia comercial.

El cierre definitivo de los últimos puntos de venta

La histórica firma de venta de electrodomésticos Garbarino concluyó de manera definitiva sus operaciones comerciales en la Argentina al concretar el cierre de sus tres últimas sucursales abiertas en el país. Los puntos de venta clausurados se encontraban emplazados en los barrios porteños de Belgrano, Almagro y en la zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires, frente a los Tribunales. De este modo, la cadena se quedó sin locales de atención presencial al público en todo el territorio nacional, cerrando un ciclo de más de siete décadas de trayectoria comercial.

La medida se enmarca estrictamente en el proceso de quiebra y liquidación de activos llevado adelante por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro. La resolución judicial se produjo luego de que la compañía no lograra superar la profunda crisis financiera e institucional que venía arrastrando desde hacía varios años y que impidió la continuidad de sus operaciones bajo el esquema societario tradicional.

El proceso judicial y la quiebra

El fuero comercial había decretado formalmente la quiebra de Garbarino en marzo del corriente año, tras la frustración del concurso preventivo de acreedores que la firma había iniciado originalmente en 2021. La falta de concreción de una propuesta de salvataje y la ausencia de inversores privados dispuestos a capitalizar la empresa determinaron la finalización de la etapa concursal. A partir de dicho pronunciamiento judicial, la administración y custodia integral de los bienes societarios quedaron bajo la responsabilidad directa de la sindicatura designada por el tribunal.

El cierre de las tres sucursales porteñas representa el tramo final de un severo y prolongado proceso de contracción para una de las marcas más representativas del consumo masivo en la Argentina. En sus períodos de máxima expansión territorial y económica, Garbarino llegó a consolidar una red compuesta por más de 300 sucursales activas y un plantel laboral cercano a los 5.000 trabajadores en todo el país. En diversas etapas operativas, la cadena mantuvo una infraestructura superior a los 200 locales y una nómina constante de más de 4.500 empleados.

Las gestiones empresariales y la liquidación de bienes

El deterioro del cuadro financiero de la compañía derivó progresivamente en el cierre en cadena de sus bocas de venta, severas reducciones de personal e imposibilidad estructural para cumplir con los compromisos contraídos con proveedores y acreedores. Durante la gestión del empresario Carlos Rosales, se intentaron aplicar distintas alternativas de reestructuración corporativa para intentar reflotar la operatividad del negocio; sin embargo, las estrategias implementadas no alcanzaron a revertir la inercia deficitaria de la firma.

Con el avance de la causa judicial, la infraestructura de la empresa quedó reducida a su mínima expresión operativa. Gran parte del stock de mercadería fue liquidado comercialmente, mientras que el resto de las propiedades y activos muebles que permanecen bajo tutela judicial se encuentran sujetos al procedimiento de remate y liquidación. La sindicatura interviniente deberá avanzar en la enajenación de estos bienes para obtener fondos destinados a cancelar las deudas exigibles. El proceso de quiebra alcanza de igual forma a activos estratégicos vinculados al grupo corporativo, entre los que destacan las plantas industriales de Tecnosur y Digital Fueguina, radicadas en la provincia de Tierra del Fuego.

Finalmente, dentro de la nómina de activos alcanzados por el proceso de liquidación, la marca registrada Garbarino emerge como el bien intangible con mayor potencial de valuación comercial. La sindicatura judicial se encuentra evaluando los mecanismos legales y patrimoniales necesarios para preservar la denominación comercial, con la finalidad de gestionar su eventual venta o transferencia a terceros para engrosar la masa de fondos destinada al pago de los acreedores reconocidos en el expediente.

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