De la auditoría privada a una compleja red de influencias
El conflicto desatado en el seno de la familia Stoessel sumó en las últimas horas un entramado de acusaciones, sospechas y la irrupción de actores externos con antecedentes en investigaciones judiciales y servicios de inteligencia. Lo que en un primer momento se planteó como una revisión contable rutinaria y una ruptura en las relaciones comerciales entre la cantante Martina «Tini» Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, escaló a dimensiones de mayor alcance tras la decisión de la artista de auditar la estructura societaria y patrimonial que administró su carrera musical desde sus comienzos, cuando tenía 14 años.
Según la reconstrucción periodística elaborada por el diario La Nación —bajo las firmas de los periodistas Hugo Alconada Mon y Damián Nabot— y ratificada de forma paralela por el portal Big Bang! News, el quiebre comercial entre la joven intérprete y sus progenitores motivó la contratación de un equipo de asesores externos. En ese contexto, se produjo el desembarco estratégico de dos figuras centrales en la controversia: el consultor Leonardo Scatturice y el abogado especialista en derecho tributario Horacio Díaz Sieiro.
Los perfiles de los asesores externos involucrados
Leonardo Scatturice es identificado en los informes periodísticos como un exintegrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y actual titular de la firma consultora C3 Consulting. Asimismo, las publicaciones lo señalan como el actual propietario de la compañía aérea Flybondi. El consultor cuenta con antecedentes por investigaciones judiciales vinculadas con supuestas operaciones de espionaje ilegal dirigidas contra dirigentes políticos, empresarios y miembros del Poder Judicial.
Radicado actualmente en los Estados Unidos, Scatturice mantiene vínculos con sectores del espacio conservador norteamericano (CPAC). En el plano local, los reportes le atribuyen haber facilitado la incorporación de Andrés Vázquez a la ex-DGI y posterior Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de tejer contactos con el entorno gubernamental argentino. En paralelo, su nombre aparece mencionado en torno a la controversia por el arribo de un vuelo privado a Aeroparque en marzo de 2025, el cual ingresó al país con diez bultos que no habrían sido sometidos al correspondiente control de la aduana.
Por su parte, el abogado tributarista Horacio Díaz Sieiro —hijo de Vicente Oscar Díaz— llegó al entorno de la artista recomendado de manera directa por el propio Scatturice. La función encomendada al letrado consistió en auditar en detalle los balances contables de Stoessel y evaluar la viabilidad técnica de eventuales acciones legales y demandas contra los padres de la cantante. La trayectoria profesional de Díaz Sieiro registra intervenciones en expedientes judiciales de alto impacto político vinculados al período kirchnerista, incluyendo el asesoramiento a Lázaro Báez para la modificación de domicilios fiscales, así como señalamientos en causas sobre «facilitadores profesionales» vinculadas al financista Ernesto Clarens y operaciones financieras en Venezuela. Al ser consultado por La Nación, el abogado evitó realizar declaraciones públicas aduciendo el deber de secreto profesional.
La vía de entrada, el nexo con De Paul y el temor de los padres
El canal de acceso que permitió la llegada de estos operadores al entorno directo de Martina Stoessel se habría consolidado mediante la intermediación de Alejandro Omar Calián, conocido en diversos ámbitos bajo el apodo de «El Turco». Calián es identificado como un hombre de estrecha confianza y allegado al futbolista Rodrigo De Paul, pareja de la artista. De acuerdo con los reportes judiciales citados, Calián posee antecedentes por condenas asociadas al contrabando de motocicletas de alta gama y fue objeto de un allanamiento en marzo de 2026 en el marco de una causa que investiga la adquisición irrestricta de dólares al tipo de cambio oficial durante el cepo cambiario, presuntamente en connivencia con exautoridades del Banco Central.
Ante el giro adoptado por los acontecimientos, la principal preocupación de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera radica en el alcance que pueda cobrar la auditoría societaria encarada por la cantante. El entorno de los padres teme que el proceso de control contable trascienda los límites de un diferendo familiar y termine por sacar a la luz decisiones financieras, flujos y movimientos de capitales, además de la totalidad de los contratos comerciales firmados a lo largo de más de una década de gestión profesional de la carrera de su hija.
