La resolución judicial y el fin del concurso preventivo
La crisis que atraviesa el sector del comercio y el consumo masivo sumó un nuevo capítulo de impacto nacional con la declaración formal de quiebra de Carsa S.A., una de las principales empresas licenciatarias encargadas de la operación comercial de la cadena de electrodomésticos Musimundo. La medida fue dictaminada por el Juzgado Civil y Comercial N.º 23 de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, a cargo del juez Fernando Luis Lavenas, quien resolvió dejar de manera definitiva sin efecto el proceso de concurso preventivo que se había abierto originalmente el pasado 17 de julio.
En el fallo firmado el 2 de septiembre, el magistrado interviniente consideró acreditada la existencia de hechos irrefutables y reveladores del estado de cesación de pagos de la firma. De acuerdo con las evaluaciones contenidas en el expediente, la situación patrimonial y el deterioro financiero de la compañía impidieron sostener el proceso preventivo de reestructuración, lo que derivó en la reconversión inmediata de la causa bajo la carátula formal “CARSA S.A. s/ Quiebra”. La determinación judicial se produjo a tan solo un mes y medio de la apertura del concurso, instancia a la que la firma había recurrido para intentar reordenar sus pasivos y evitar la liquidación.
Cierre de sucursales y frustración en la transferencia de locales
Durante la tramitación de las actuaciones, las autoridades judiciales analizaron en detalle la evolución del plan de reducción de estructura impulsado por la propia conducción de Carsa, el cual contemplaba el cierre progresivo de locales y la reconfiguración de su red de ventas. Dicho esquema de achicamiento corporativo había sido aprobado formalmente por el directorio de la empresa mediante el Acta N.º 695 con fecha del 26 de agosto.
A dicho panorama se sumó el fracaso previo de una instancia de negociación que buscaba concretar la transferencia comercial de 45 sucursales pertenecientes a la red. La imposibilidad de concretar esa operación sumada al acelerado deterioro patrimonial constituyó el factor determinante para que el juez Lavenas aplicara el encuadre previsto en el artículo 79, inciso 4, de la Ley de Concursos y Quiebras, precepto que contempla las circunstancias objetivas indicativas de la cesación de pagos.
Pasivo bancario, deuda global y cronograma de verificación
De acuerdo con los registros e informes emitidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondientes al mes de julio de 2026, Carsa registraba una deuda informada de aproximadamente $2.242 millones con entidades del sistema financiero. El mayor acreedor institucional de ese segmento era el Banco de la Nación Argentina, con un saldo de $1.404,6 millones, seguido por Banco Macro con $326,8 millones, Banco de Comercio con $298,9 millones y el Nuevo Banco del Chaco con $205 millones. La nómina de compromisos bancarios se completaba con saldos de menor cuantía con American Express Argentina, Banco de Corrientes, Banco Galicia, Banco Patagonia y Banco de Servicios y Transacciones, figurando las principales entidades en la Central de Deudores bajo la categoría 4.
Sin embargo, el pasivo global expuesto durante la etapa concursal resultó sustancialmente superior al tramo estrictamente bancario. En el mes de julio, la empresa intentaba reestructurar un endeudamiento total estimado en torno a los $63.500 millones en medio de un pronunciado deterioro de sus resultados operativos. Tras el dictamen de quiebra, el tribunal dispuso la continuidad de la sindicatura a cargo del Estudio Contable Benítez —integrado por José Valentín Benítez, José Nicolás Benítez y Cynthia Bernard— y fijó el 6 de noviembre de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos. Los informes individual y general de la sindicatura quedaron previstos para el 30 de marzo y el 25 de junio de 2027, respectivamente.
