El impacto brutal de las tarifas sobre haberes licuados
La constante pérdida de poder adquisitivo que atraviesan los jubilados, sumada a los incrementos en los servicios esenciales de luz y gas —que superaron con creces los índices de inflación promedio de los últimos tres años—, ha arrastrado a la población de la tercera edad a un límite operativo inédito. Para los adultos mayores que perciben el haber mínimo, la quita de tarifas sociales y la reestructuración de subsidios transformaron la recepción del correo en un momento de zozobra familiar. En diversos puntos del país, las facturas registraron saltos de entre el 25% y el 30% de un mes a otro, pasando de promedios de $45.000 a cifras que oscilan entre los $80.000 y $130.000.
La realidad del sector se torna insostenible al contrastar estos costos fijos con los ingresos formales aprobados para septiembre de 2026. La jubilación mínima fijada por ANSES se ubica en $428.590, monto que asciende a un haber bruto de $498.590 con la suma del bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, este refuerzo económico permanece congelado desde principios de 2024, licuando la capacidad de compra de los beneficiarios. Esta brecha económica detonó un incremento sustancial en las consultas y reclamos ante las empresas distribuidoras de energía, donde cada vez más usuarios acuden para refinanciar deudas acumuladas y evitar el corte definitivo del suministro.
Testimonios del ajuste: entre el recorte de alimentos y la vivienda compartida
Las consecuencias sociales del esquema tarifario se reflejan con claridad en las vivencias cotidianas de los damnificados. Beatriz, una jubilada de 73 años residente en el partido bonaerense de Morón, relató cómo la última liquidación del servicio de gas pasó de $56.000 a $130.000 en cuestión de semanas. «No nos queda otra que reclamar y pedir ayuda a los familiares porque todavía falta recibir la factura de gas de agosto con el frío que hizo. Nos obligan a elegir entre prender la estufa cuando hacen 2 grados o comer, no es justo. Les dejan aumentar todos los meses y nosotros cobramos una miseria con un bono congelado», recriminó.
Una problemática idéntica enfrenta Claudia, de 67 años, vecina del barrio porteño de Barracas, respecto a la energía eléctrica. Tras meses de reclamos por sobrefacturaciones en un departamento de dos ambientes y la posterior llegada de las promocionadas subas invernales, la acumulación de deudas la dejó al borde de la interrupción del servicio. «Voy poniendo lo que puedo por mes, pero ya me avisaron que me van a cortar la luz. No tengo a quién pedirle plata, ¿cómo hago cobrando menos de 500 mil pesos para pagar 112 mil pesos solo de luz?», detalló.
El encarecimiento generalizado de la vida también forzó modificaciones drásticas en la estructura habitacional de la tercera edad. Roberto, un jubilado oriundo de Ramos Mejía, debió abandonar la vivienda que alquilaba de manera independiente para trasladarse al departamento de su hijo. «Me subió el alquiler y se le sumaron los servicios; en mayo ya me cortaron la luz y me estaban por cortar el gas, tuve que irme. Ya no se puede dejar de comer, y eso que ya ni como carne. No nos podemos achicar más y siguen aumentando los servicios todos los meses», manifestó.
Subsidios focalizados y la brecha con la canasta básica previsional
Pese a que el Gobierno nacional confirmó para septiembre incrementos del 1,75% en la electricidad y del 1,40% en el gas natural, la Secretaría de Energía introdujo modificaciones en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) en un intento por amortiguar la reacción social. La medida elevó el tope de consumo eléctrico con bonificación a 200 kWh mensuales y sumó descuentos complementarios que alcanzan hasta un 75% de cobertura en los segmentos vulnerables. Pese a estos topes, los cargos fijos e impuestos aplicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —donde la tarifa base parte de $1.700 más el costo por kilovatio consumido— continúan absorbiendo más del 20% de un haber mínimo.
Diversos análisis técnicos confirman la magnitud del menoscabo patrimonial. Informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señalan que desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, los jubilados de la mínima acumularon una caída real del 30% en sus ingresos. El congelamiento del bono de $70.000 desde marzo de 2024 representó una pérdida acumulada superior a los $2.200.000 por jubilado, considerando que de haberse actualizado por la fórmula de movilidad jubilatoria, dicho adicional debería haber superado los $200.000 a mediados de año.
En paralelo, las mediciones efectuadas por la Defensoría de la Tercera Edad ubican el valor de la Canasta Básica del Adulto Mayor por encima de los $1.800.000 mensuales. De este modo, la suma del haber mínimo y el bono marginal apenas cubre una cuarta parte de las necesidades integrales. Dentro de dicha canasta, el gasto en medicamentos absorbe $503.600, la alimentación requiere $410.640, la vivienda insume $360.150 y los servicios públicos demandan $151.350. Dicho cuadro epidemiológico y social se profundiza al considerar que la canasta acumulada de servicios públicos en el AMBA experimentó un alza superior al 900% desde diciembre de 2023, encabezada por incrementos del 2.000% en el gas y del 1.000% en la luz.
El retorno forzado a la informalidad laboral y el endeudamiento severo
Ante la imposibilidad fáctica de saldar las obligaciones corrientes, miles de adultos mayores se vieron empujados a reingresar al mercado de trabajo en condiciones de extrema precariedad. Indicadores del sector laboral reflejan un marcado aumento en las tasas de desocupación ampliada e informalidad en mayores de 65 años. El fenómeno castiga con mayor severidad a las mujeres, donde la informalidad sobrepasa el 60%, mientras que en los hombres en edad de retiro el trabajo no registrado creció más de 12 puntos porcentuales, superando el 55%.
Como última instancia de subsistencia, el sobreendeudamiento se consolidó como la norma del sector. Mediciones del Banco Provincia y de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) advierten que la mora entre los jubilados se triplicó en el último período. Cada vez es mayor la cantidad de beneficiarios que acude a Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) o billeteras virtuales para tomar préstamos con tasas desmedidas, destinados exclusivamente a financiar la compra de medicamentos, alimentos de primera necesidad o el pago de boletas domiciliarias.
