La sindicalista investigada por presunta administración fraudulenta solicitó su sobreseimiento e intentó justificar su crecimiento patrimonial
La sindicalista y ex empleada gremial María Soledad Calle solicitó formalmente su sobreseimiento en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el contrato firmado entre la empresa USEM y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante la conducción de Abel Furlán. En el escrito presentado ante la Justicia, Calle reconoció por primera vez ser la propietaria del departamento ubicado en el piso inferior al de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre la calle San José 1111 de la Ciudad de Buenos Aires, una titularidad que había negado públicamente con anterioridad.
Para justificar la adquisición del inmueble en el edificio de Recoleta, la imputada argumentó a través de su defensa técnica que la propiedad fue comprada con la intención de instalar allí «una fundación de estudios para el desarrollo argentino». Asimismo, el escrito judicial hizo referencia a otros bienes de alto valor bajo la lupa de los investigadores, entre ellos un vehículo BMW M135 X Drive. Sobre este punto, la defensa atribuyó la compra a su pareja conviviente, Federico Darío Monzón, sosteniendo que él decidió compartir la titularidad registral con Calle pese a ser el único usuario del automóvil.
La situación patrimonial de Calle abarca además propiedades en las localidades bonaerenses de Campana y Los Cardales, cotizadas en unos 450 mil dólares. La ex empleada gremial, quien fue despedida por el interventor Alberto Biglieri, aseguró que dichos bienes fueron adquiridos con anterioridad a la constitución de los hechos investigados y denunció ser víctima de un ataque mediático y judicial: «Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida», afirmó sobre su situación personal.
Frente a las inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial, el juez federal Julián Ercolini dispuso levantar el secreto fiscal tanto de María Soledad Calle como de Abel Furlán. En paralelo, el magistrado ordenó una serie de medidas de prueba dirigidas a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir el flujo de fondos y determinar si existió administración fraudulenta en perjuicio del gremio metalúrgico.
