En el marco de una conferencia de prensa realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el equipo de abogados defensores de Cristina Kirchner —integrado por Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego— anunció la incorporación de nuevos elementos probatorios en la causa Vialidad y ratificó la presentación efectuada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante la exposición, la defensa técnica sostuvo que la reciente evidencia respalda de manera contundente la inocencia de la expresidenta. Según detalló Beraldi, los nuevos elementos incorporados demuestran que las empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez no resultaron beneficiadas por los recursos procedentes del Fideicomiso del Transporte, desvirtuando los argumentos centrales vinculados al Decreto 54/2009 que sustentaron la acusación. «Estábamos convencidos de que la verdad iba a salir a la luz», remarcó el letrado al calificar como falsa la imputación, mientras que Valim enfatizó que el fallo no cuenta con ningún fundamento fáctico para sostener la condena.
Por otra parte, la conferencia se centró en la comunicación individual elevada a fines de julio ante el organismo de derechos humanos de la ONU. En dicha presentación, los representantes legales denunciaron ocho violaciones concretas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cometidas durante el desarrollo del proceso judicial en la Argentina.
Entre los principales argumentos, la defensa señaló que el proceso afectó de manera directa el derecho de la exmandataria a votar y ser elegida, al sostener que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye una proscripción política e indebida. Asimismo, se cuestionó la imparcialidad de los tribunales intervinientes, la vulneración del principio de presunción de inocencia y las irregularidades en la revisión efectuada por la Cámara Federal de Casación Penal. En esa misma línea, recordaron el principio de prohibición de juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos (ne bis in idem), argumentando que 49 de las 51 obras públicas analizadas ya habían sido investigadas y cerradas mediante sobreseimientos o archivos en instancias anteriores.
Finalmente, el planteo ante el estrado internacional incluye medidas cautelares específicas. La defensa solicitó la suspensión inmediata de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la normalización de la integración de la Corte Suprema de Justicia —cuestionando que actualmente funcione con solo tres miembros— y la modificación de las condiciones de la prisión domiciliaria. Entre estos puntos, se requirió el retiro de la tobillera electrónica, el cese de las restricciones para recibir visitas y el fin de las limitaciones de acceso al aire libre, exigiendo un trato igualitario respecto a otros detenidos bajo el mismo régimen. La presentación deberá superar primero la etapa formal de admisibilidad del Comité de la ONU antes de que el organismo requiera información al Estado argentino y se pronuncie sobre el fondo del reclamo.
