Senadores del bloque Justicialista ampliaron la denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, en el marco de la investigación por el traslado al exterior de una parte de las reservas de oro de la entidad monetaria. La presentación fue ratificada por los legisladores Martín Soria, Juliana Di Tullio y María Florencia López, quienes solicitaron incorporar nuevos elementos a la causa iniciada en abril de 2026. La acusación abarca presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
El nuevo planteo surgió tras la exposición de Bausili ante comisiones del Senado, donde el funcionario afirmó que los lingotes se encontraban depositados en el Banco de Pagos Internacionales (BIS) en Basilea, Suiza, y que los balances contables contaban con auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN). Sin embargo, los denunciantes incorporaron un informe firmado por el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, que contradice dicha versión: el organismo precisó que los estados contables correspondientes a 2025 no han sido aprobados y que el análisis sobre la trazabilidad del oro se encuentra demorado por la falta de entrega de documentación por parte de las autoridades del BCRA.
Asimismo, los senadores advirtieron que los lingotes no estarían físicamente en territorio suizo sino depositados en el Banco de Inglaterra, en Londres, bajo una cuenta registrada a nombre del BIS. Ante estas inconsistencias, la senadora Juliana Di Tullio exigió explicaciones claras sobre el destino y las condiciones de entrega de las 13 toneladas de oro trasladas, cuestionando los riesgos a los que se expuso al país.
En forma paralela, los legisladores presentaron un proyecto de resolución para citar nuevamente al titular del BCRA al Congreso con un pedido de informes detallado sobre la logística del transporte, las empresas involucradas, los rendimientos obtenidos y eventuales notificaciones de pedidos de embargo por parte de acreedores extranjeros. Finalmente, la presentación judicial vincula esta maniobra con el debate por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, la cual busca autorizar formalmente la colocación de activos en instituciones del exterior para ser utilizados como garantía.
