La lucha contra el ejercicio ilegal de la odontología atraviesa una nueva etapa de intensificación en la provincia de Buenos Aires. Así lo confirmó oficialmente el Colegio de Odontólogos bonaerense a través de un comunicado detallado, en el cual precisó que se viene profundizando un riguroso esquema de trabajo que comienza con la recepción de denuncias y alertas comunitarias, continúa con tareas de investigación y fiscalización directa en el territorio y, al constatarse irregularidades, avanza con la máxima firmeza por la vía administrativa y judicial.
Esta estrategia integral es coordinada directamente por el Consejo Superior de la institución y llevada adelante de manera articulada junto con los diez distritos provinciales. La red intervine ante situaciones específicas en las que personas sin título habilitante o sin la correspondiente matrícula profesional realizan prácticas médicas y asistenciales que son exclusivas y propias de la odontología. De este modo, se busca que cada hecho irregular detectado pueda ser rigurosamente documentado, aportando las pruebas necesarias para ponerlo de inmediato a disposición de la Justicia.
En paralelo con el despliegue territorial, el Colegio sostiene una línea de trabajo institucional estratégica con la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a partir de un convenio de cooperación suscripto entre el presidente del Colegio de Odontólogos provincial, Diego Biscioni, y el Procurador General, Dr. Julio Marcelo Conte-Grand. El acuerdo contempla acciones concretas destinadas a fortalecer los mecanismos de prevención, detección y radicación de denuncias ante el ejercicio ilegal. Entre estas medidas se destaca el desarrollo de un protocolo unificado para la presentación de causas ante el Ministerio Público Fiscal, así como la capacitación continua de dirigentes y fiscalizadores de la profesión en labor conjunta con la Procuración.
En el marco de esta política activa, desde la entidad brindaron precisiones sobre intervenciones y operativos concretos concretados durante los últimos meses en diversos puntos del conurbano y del territorio bonaerense:
En Lanús Este, durante el mes de marzo, inspectores del Distrito II del Colegio llevaron a cabo un procedimiento en un consultorio ubicado sobre la calle Madariaga. En el lugar se constató que una persona ejercía la profesión médica careciendo por completo de matrícula profesional y habilitación sanitaria. Ante la gravedad del caso, la institución procedió a la clausura inmediata del establecimiento y efectivizó la posterior denuncia penal ante la Fiscalía competente.
También en marzo, en el partido de Almirante Brown, una investigación iniciada a partir de alertas de profesionales matriculados permitió localizar a un individuo que se presentaba como protesista dental pero que atendía pacientes directamente de forma irregular, tomando impresiones bucales y confeccionando prótesis. A partir de las tareas de investigación de campo e inspección en el lugar, los fiscalizadores intervinieron labrando las actuaciones administrativas e interponiendo la denuncia penal correspondiente, dado que las prácticas excedían ampliamente el límite permitido para un técnico o mecánico dental.
Otro operativo de relevancia tuvo lugar en la localidad de Villa Domínico. Allí el Colegio detectó a un supuesto protesista atendiendo pacientes en las instalaciones de un club de barrio bajo la fachada de una “Campaña Solidaria”. La fiscalización demostró que se ejecutaban tratamientos odontológicos exclusivos por fuera de todo marco legal y sanitario, motivo por el cual el recinto fue clausurado y denunciado penalmente.
Estos procedimientos recientes se suman a las acciones desarrolladas en la localidad de Ingeniero Budge, donde se ejecutó un megaoperativo conjunto entre el Colegio, autoridades municipales y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el cual culminó con la clausura de cinco establecimientos clandestinos que realizaban atenciones odontológicas sin cumplir las normativas vigentes.
Desde la Mesa Directiva de la institución enfatizaron que el ejercicio ilegal de la profesión excede el mero incumplimiento administrativo o reglamentario, constituyendo un grave peligro para la salud pública y la seguridad de la población. La preocupación de las autoridades se mantiene en alerta constante ante la proliferación de ofertas engañosas de tratamientos a bajo costo o con promesas de soluciones milagrosas a través de redes sociales y canales informales. Por este motivo, el Colegio recomendó enfáticamente a los ciudadanos verificar siempre la matrícula habilitante del profesional antes de iniciar cualquier procedimiento odontológico y denunciar cualquier irregularidad sospechosa a través de los canales oficiales institucionales
