El Gobierno nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2027, estructurado sobre la premisa innegociable de mantener el equilibrio fiscal. Las estimaciones oficiales proyectan una inflación interanual del 18%, un crecimiento económico del 4% y un dólar oficial a $1.847,60 para diciembre de ese año, cifras que contrastan con las proyecciones más conservadoras del mercado.
Para sostener el superávit financiero, el proyecto estipula una profunda reestructuración del gasto público. Entre las medidas más destacadas se encuentra la derogación de la movilidad automática para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares, dejando sus futuros aumentos a total discreción del Poder Ejecutivo.
El área de discapacidad también sufrirá modificaciones significativas. El proyecto declara incompatible el cobro de la pensión no contributiva por invalidez con el trabajo registrado y elimina la vigencia del Nomenclador Nacional, permitiendo que cada obra social o prepaga fije sus propios aranceles a los prestadores de salud.
Los organismos de ciencia y tecnología enfrentarán un escenario de fuerte contracción. De acuerdo con los datos desprendidos del proyecto, el CONICET sufriría un recorte del 41% respecto de años anteriores, mientras que el INTA y el INTI enfrentarían caídas reales del 25,8% y 19%, respectivamente. Las universidades nacionales, por su parte, recibirían una asignación de 7,3 billones de pesos, cifra inferior a los 11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
En paralelo a la política de contención del gasto, el Presupuesto 2027 omite el costo fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) rondaría los 3.000 millones de dólares anuales. En contraste con los recortes sociales, el área de Ciberseguridad, dependiente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), experimentará un aumento presupuestario superior al 690%.
