Un reciente encuentro realizado en la localidad de Malargüe reunió a representantes de asambleas ambientalistas provinciales junto a integrantes del pueblo Mapuche para visibilizar una grave situación de conflictividad territorial. Durante la jornada de debate y puesta en común, la agrupación Lof Malal Pincheira —constituida históricamente por puesteros trashumantes de la zona— alertó sobre un incremento sistemático en las presiones de desalojo que sufren en la región, impulsadas de manera directa por la firma comercial Estancia Las Vegas S.A., entidad privada que sostiene poseer la titularidad dominial de aproximadamente 22.000 hectáreas que hoy se encuentran en litigio.
Frente a la embestida judicial y territorial, los pobladores originarios afirman su permanencia ininterrumpida en el lugar amparándose en el marco normativo de la Ley 26.160. Esta legislación, sancionada como medida de emergencia territorial, reconocía explícitamente los derechos de posesión de las comunidades originarias sobre sus tierras ancestrales, suspendiendo la ejecución de todo trámite judicial o administrativo de desalojo y disponiendo la realización obligatoria de relevamientos técnicos y catastrales en todo el territorio nacional.
Los estudios cartográficos realizados previamente en el área constataron la presencia histórica de las familias originarias en los sectores aledaños al río Malargüe. En dicho dictamen se prohibió expresamente cualquier tipo de desplazamiento forzoso, fundamentando la decisión en el valor sociocultural y socioeconómico de la trashumancia, una práctica ganadera ancestral que la comunidad realiza de manera continua desde hace generaciones en esa franja geográfica.
El fin de la Ley 26.160 y la falta de garantías estatales
El escenario de vulnerabilidad para las comunidades se agudizó significativamente a partir de diciembre de 2024, momento en el cual el Poder Ejecutivo Nacional decidió derogar la vigencia de la Ley 26.160, dejando sin efecto la prórroga que mantenía congeladas las acciones judiciales de expulsión en todo el país. Desde la caída de dicha regulación, las organizaciones originarias advierten un estado de desprotección institucional generalizado, ya que la ausencia de leyes de emergencia limita la contención frente a las demandas de firmas privadas, a pesar de que el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce expresamente la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan tradicionalmente.
En declaraciones vertidas en diálogo con El Medio, Gabriel Jofré, vocero representativo del Lof Malal Pincheira, expresó la posición de la comunidad respecto al rol que debería asumir el Estado ante esta clase de disputas dominiales. Según Jofré, las autoridades provinciales y nacionales deberían instrumentar instancias de resolución alternativa, ya sea «a través de un proceso de adjudicación o un proceso de pago por la afectación a quién reclama poseer los títulos de propiedad de la zona», evitando de esta manera la vía punitiva y la expulsión de las familias puesteras.
En esa misma línea de pensamiento, el vocero sindical y comunitario rechazó la judicialización sistemática, remarcando que las instituciones estatales no deberían dar curso a planteos que impliquen «una idea de desaparición de la otra persona cuando las mismas están reclamando un derecho que está reconocido constitucionalmente».
Proyectos de litio, extranjerización y causas judiciales acumuladas
Las agrupaciones sociales que integraron las mesas del relevamiento territorial sostienen de manera unánime que las presiones sobre el suelo mendocino responden a un plan de desarrollo extractivo a gran escala. Las organizaciones denuncian que el Gobierno de Mendoza busca «reemplazar a la gente que hoy está viviendo en la zona» para liberar la traza requerida por el megaproyecto de exploración y explotación minera denominado «Don Luis y Otro».
Esta iniciativa orientada a la extracción de litio contemplaba en sus etapas iniciales una extensión aproximada de 20.000 hectáreas en el sur de la provincia. Sin embargo, tras atravesar períodos de paralización formal y someterse a dos instancias de audiencia pública, la proyección del área de exploración experimentó una expansión drástica hasta alcanzar un total de 230.000 hectáreas, proyectándose incluso sobre las inmediaciones de la franja conocida como la lengua norte de Vaca Muerta.
Los representantes comunitarios remarcan que las acciones desatadas por Estancia Las Vegas S.A. buscan desocupar las tierras para facilitar su comercialización e integración en el circuito minero, omitiendo el requerimiento de consentimiento previo, libre e informado de quienes habitan el territorio. El mapa de conflictividad se inscribe en un contexto mayor de concentración dominial: datos emanados del último Mapa de la Extranjerización de Tierras en Argentina elaborado por el CONICET revelan que el departamento de Malargüe presenta un 15% de su superficie total bajo titularidad de capitales extranjeros.
Actualmente, las familias pertenecientes al pueblo Mapuche enfrentan un total de 24 juicios por desalojo en los tribunales provinciales. Las comunidades expresan su negativa a someterse a procesos de criminalización judicial, advirtiendo sobre las elevadas probabilidades de recibir condenas de prisión «por defender que queremos seguir viviendo en nuestras casas».
