En un contexto marcado por las evaluaciones del Poder Ejecutivo nacional respecto a la eventual prórroga del período de sesiones ordinarias debido a las demoras acumuladas en el tratamiento del Presupuesto 2027 y la agenda parlamentaria, la Cámara de Senadores de la Nación vuelve a registrar actividad oficial a mediados de octubre. Luego de dos semanas consecutivas de parálisis legislativa, la Cámara alta retoma el impulso para tramitar dos iniciativas de alto interés para la administración de La Libertad Avanza: la emisión de dictamen sobre la propuesta oficialista referida al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCMP) y el debate tendiente a reformar de manera estructural la Ley de Salud Mental.
En el marco de este escenario de negociaciones cruzadas, Patricia Bullrich, en su carácter de jefa de la bancada oficialista dentro del Senado, busca consolidar los avances alcanzados tras intensas tratativas desplegadas con mandatarios provinciales y senadores pertenecientes a espacios políticos afines. El objetivo central de la estrategia parlamentaria del bloque violeta consiste en contener las embestidas opositoras y abroquelar un núcleo de votos que garantice la sanción de los proyectos clave, mientras el presidente Javier Milei y su equipo político continúan midiendo apoyos para evaluar la factibilidad de debatir la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las metas institucionales predilectas de la Casa Rosada.
El tratamiento del Tratado de Patentes y las modificaciones de Diputados
En el ámbito estricto de la agenda de comisiones, el primer paso concreto se formalizará este jueves a partir de las 14:00 hs con la realización de un plenario conjunto entre las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio. Dichos cuerpos de trabajo legislativo están conducidos formalmente por el senador libertario Francisco Paoltroni y por el legislador peronista Marcelo Lewandowski, respectivamente.
La meta prioritaria fijada por el oficialismo para esta plenaria radica en la firma del dictamen favorable sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCMP), aceptando los retoques introducidos previamente durante su paso por la Cámara de Diputados. Dichas modificaciones fueron diseñadas de manera específica para otorgar un marco de protección explícito a la industria farmacéutica de capitales nacionales, atendiendo a un histórico reclamo formulado por las cámaras empresarias del sector.
La República Argentina rubricó originalmente el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en el año 1970, habiendo obtenido una primera aprobación del Senado en 1998. Tras las correcciones aplicadas en el trámite por la Cámara baja, la iniciativa debió regresar a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva y posterior promulgación. Según las proyecciones del bloque oficialista, si el dictamen avanza sin contratiempos este jueves, la ley podría ser tratada y sancionada en el recinto en una sesión ordinaria prevista para el jueves 22 de octubre. Para esa misma jornada legislativa, el oficialismo prevé incorporar al temario otros proyectos pendientes de resolución, entre los que se destacan la regulación del Mercado Voluntario de Carbono y la denominada Ley Hojarasca.
Los ejes de la reforma a la Ley de Salud Mental e internaciones involuntarias
A la par de las negociaciones por el convenio de patentes, Patricia Bullrich prevé anunciar formalmente en el transcurso de esta semana el entendimiento alcanzado con ministros de Salud provinciales y referentes de bloques aliados para destrabar el proyecto del Ejecutivo que modifica la Ley de Salud Mental. El trabajo técnico y político de articulación fue conducido por la exministra de Seguridad en coordinación estrecha con la senadora Ivana Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud del Senado.
El expediente en cuestión había sido ingresado a la Cámara alta en el mes de abril. Tras celebrarse tres reuniones de carácter informativo, la comisión no volvió a sesionar desde el pasado 20 de mayo en virtud del severo rechazo expresado por sectores opositores y diversos colectivos profesionales. Sin embargo, las negociaciones de las últimas semanas permitieron destrabar consensos en torno a los puntos más controvertidos de la normativa vigente.
La modificación medular de la reforma aborda el régimen de hospitalizaciones e internaciones involuntarias contra la voluntad del paciente. El texto bajo análisis estipula que para disponer una internación sin consentimiento deberán intervenir al menos dos profesionales de la salud, estableciendo de forma precisa que uno de ellos sea médico y, preferentemente, especialista en la disciplina de la psiquiatría. De esta manera, se flexibiliza el criterio rígido anterior sin dejar la evaluación de manera exclusiva en manos de un solo experto, aunque conservando como requisito de procedencia la constatación de un riesgo grave e inminente de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.
Asimismo, la redacción contempla que todo el abordaje terapéutico e institucional deba adecuarse a la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental de cada paciente. Otro de los aspectos innovadores del proyecto reside en la obligatoriedad de confeccionar un plan de egreso e integración social desde el momento mismo del diagnóstico clínico inicial, fijando como requisito procedimental la notificación anticipada al representante legal, al cónyuge o conviviente, o a los familiares directos (padres e hijos) para coordinar las condiciones del retorno al entorno sociofamiliar. Finalmente, la iniciativa suma un capítulo específico sobre el abordaje de los consumos problemáticos de sustancias en menores de edad, imponiendo que la atención médica e institucional quede a cargo de equipos profesionales dotados de formación específica en población infanto-juvenil.
