El Departamento Judicial de Bahía Blanca concretó en la jornada de hoy un nuevo y trascendental paso dentro de sus políticas institucionales de saneamiento, ordenamiento y disposición final de elementos decomisados en el marco de causas penales. El procedimiento de fiscalización y retiro operativo culminó con la preparación de un voluminoso lote compuesto por 460 armas de fuego y 17 cajas de cartuchería que permanecían bajo custodia preventiva por orden del Ministerio Público Fiscal.
La compleja logística estuvo a cargo de personal especializado del Departamento Armamento, perteneciente a la Dirección de Logística de la Dirección General de Seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Los efectivos fueron los responsables de ejecutar el retiro formal de todo el material bélico seleccionado de los depósitos judiciales para, posteriormente, encarar su traslado seguro hacia los laboratorios e instalaciones centrales del Registro Nacional de Armas (RENAR) —actualmente integrado en la ANMaC—, organismo en el cual se procederá a su destrucción física irreversible y disposición final.
Cinco años de trabajo técnico y depuración judicial
El volumen incautado representa un porcentaje sumamente significativo del total del armamento secuestrado durante los últimos años en el ámbito jurisdiccional de Bahía Blanca y la región. Este operativo no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un plan sistemático y continuado con el que las autoridades judiciales vienen trabajando de manera ininterrumpida desde hace cinco años a la fecha, enfocado en auditar minuciosamente el estado procesal de cada legajo penal para determinar el destino de las pruebas una vez concluidos los juicios.
En cuanto a la tipología del armamento seleccionado para este procedimiento, las fuentes judiciales precisaron que abarca un amplio espectro de dispositivos incautados en diversos operativos policiales y allanamientos. Dentro del cargamento se incluyen armas de fuego cortas y largas de diferente poder de impacto, tales como revólveres, pistolas de variados calibres, escopetas, fusiles y carabinas, sumándose además un lote complementario integrado por armas blancas y réplicas de aire comprimido.
La labor de la comisión especial de la Justicia
Para alcanzar el estado de aptitud legal requerido para la destrucción del material, se conformó con anterioridad una comisión especial integrada por trabajadores y técnicos del Poder Judicial. Este equipo interdisciplinario llevó a cabo una tarea de revisión exhaustiva y analítica que se prolongó a lo largo de varios meses de labor continuada.
Durante dicho período, los agentes judiciales cotejaron la situación jurídica de miles de armas almacenadas, verificando fehacientemente que aquellas destinadas al chatarreo ya no fueran requeridas para futuras pericias, peritajes balísticos o instancias de apelación por parte de las defensas o las fiscalías. Asimismo, la comisión procedió a contrastar los números de serie, marcas y calibres registrados en las causas, confeccionando planillas inventariadas con el detalle minucioso de cada pieza. Este riguroso control administrativo garantiza la absoluta transparencia del proceso y consolida la política de desarme y destrucción de elementos vinculados al delito en el sudoeste bonaerense.
