El histórico litigio judicial tramitado en los tribunales federales de Estados Unidos por la expropiación de la petrolera YPF alcanzó un hito institucional de enorme trascendencia para la República Argentina. La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, firmó la orden formal que deja sin efecto su propia sentencia previa contra el Estado nacional y dio por concluida de manera definitiva la etapa de primera instancia en el juicio derivado de la estatización de la compañía petrolera concretada en el año 2012 durante la administración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Con esta última resolución, la magistrada del Distrito Sur de Nueva York puso fin a su intervención en el expediente y anuló los efectos del fallo emitido en septiembre de 2023. En aquella oportunidad, Preska había condenado al país al pago de un resarcimiento de 16.100 millones de dólares a favor de los demandantes, una cifra que, sumando la liquidación de intereses punitorios y moratorios acumulados a lo largo de la tramitación, superaba holgadamente los 18.000 millones de dólares.
El acatamiento al fallo del tribunal de alzada y la doctrina aplicada
La decisión adoptada por la jueza Preska responde al acatamiento estricto del pronunciamiento dictado en el mes de marzo por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. En ese fallo de alzada, los jueces Denny Chin y Beth Robinson —con la disidencia del magistrado José Cabranes— anularon íntegramente la sentencia condenatoria de primera instancia al determinar que se había aplicado e interpretado de manera gravemente errónea el marco de la legislación nacional argentina.
En sus fundamentos principales, el tribunal de alzada resolvió que la propia Ley de Expropiación de la República Argentina impide taxativamente que demandas interpuéstas por terceros o accionistas minoritarios puedan interferir, suspender o alterar el proceso expropiatorio estatal. Asimismo, los camaristas señalaron de forma contundente que el estatuto social de la empresa YPF no constituye ni puede ser asimilado a un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos civiles por daños y perjuicios en jurisdicción extranjera.
Esta vía de apelación ordinaria dentro del sistema judicial estadounidense había quedado completamente agotada a mediados del corriente año, luego de que el pleno de la Cámara de Apelaciones rechazara en junio un pedido de revisión integral en instancia en banc formulado por los querellantes.
Las fichas de Burford Capital: recurso ante la Corte Suprema y reclamo en el CIADI
Tras el revés sufrido en los tribunales neoyorquinos, el fondo de litigios Burford Capital —financista y titular de los derechos de la demanda interpuesta originalmente por las firmas exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park— decidió jugar sus últimas cartas en el fuero judicial norteamericano. A comienzos del mes de octubre, el fondo demandante presentó un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
En dicho escrito de apelación extraordinaria, la representación legal de Burford calificó la decisión absolutoria de la Cámara de Apelaciones como una resolución «gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes» para el comercio y la seguridad jurídica internacional.
Sin embargo, los analistas y juristas especializados en derecho internacional coinciden en señalar que la admisión a trámite del caso por parte del máximo tribunal estadounidense resulta un escenario altamente improbable. La Corte Suprema de Estados Unidos recibe anualmente un volumen de entre 7.000 y 8.000 peticiones de revisión mediante el recurso de certiorari, pero otorga curso formal y tratamiento a apenas 80 expedientes por período, sin que existan además plazos fijos estipulados para pronunciarse sobre el rechazo o la apertura del caso.
En paralelo a esta arremetida judicial en Washington, el fondo Burford activó una nueva estrategia litigiosa en el fuero internacional. El demandante formalizó la apertura de un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el organismo del Banco Mundial especializado en disputas de inversión, actuando en representación de las sociedades Petersen para intentar reflotar un resarcimiento por otra vía institucional.
