El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2027 encendió las alarmas en el sector agroproductivo, científico y tecnológico del país. A través de la inclusión de un articulado específico, la iniciativa enviada al Congreso compromete de forma directa el esquema operativo y la sustentabilidad financiera de tres instituciones emblemáticas de la estructura productiva argentina: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
La medida central se encuentra tipificada en el artículo 21 del proyecto de norma, disposición que deroga formalmente el inciso a) del artículo 16 del Decreto-Ley N.º 21.680 (texto incorporado por la Ley N.º 25.641 y sus modificatorias). Dicho marco legal constituía desde el año 2002 la piedra angular del financiamiento automático del INTA, al vincular una alícuota sobre las importaciones nacionales para el sostenimiento de sus tareas. En el caso puntual del INTA, este flujo de recursos específicos explicaba habitualmente más del 50% de su presupuesto anual.
La magnitud del recorte y la pérdida de recursos automáticos
La normativa sancionada originalmente en 2002 fijó una asignación equivalente al 0,5% del valor CIF de las importaciones con destino al INTA. Posteriormente, la Ley N.º 26.546 elevó la alícuota al 0,65%, repartiendo el flujo entre los tres organismos: un 0,45% para el INTA, un 0,15% para el SENASA y un 0,05% para el INTI. De concretarse la derogación, desaparecerá el mecanismo autárquico que garantizaba fondos propios, dejando a las instituciones supeditadas de manera exclusiva a giros discrecionales del Tesoro Nacional.
Al revisar la contabilidad pública, la brecha presupuestaria resulta elocuente. Durante el ejercicio 2026, el INTA contó con un crédito asignado de $905.711 millones, de los cuales $513.034 millones (el 57%) ingresaron por la vía de las importaciones y $392.677 millones por otras fuentes. Para el año 2027, el proyecto oficial prevé una partida global de $546.784 millones sin la percepción de la alícuota, lo que representa una contracción real ajustada por inflación del 50% en tan solo un año. El ajuste se extiende al resto de los entes: el SENASA perderá un 40% de sus recursos reales, mientras que el INTI quedará sin financiamiento automático ni partidas complementarias.
Al comparar el presupuesto proyectado para 2027 con el vigente en 2023, la caída real acumulada en los recursos del INTA alcanza un 55,9%, posicionándolo entre los organismos públicos más afectados del área de desarrollo productivo junto con el INTI (-65,6%) y el Instituto Nacional del Agua (-61,6%).
Las siete dimensiones operativas y territoriales afectadas
A partir del documento técnico «El INTA y sus circunstancias», presentado por la propia conducción del instituto ante las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economías y Desarrollo Regional, y Agricultura de la Cámara de Diputados, se detallaron los pilares institucionales que quedan severamente expuestos:
Capacidad de respuesta ante emergencias: Los recursos del 0,45% nutren el Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, una reserva que permite intervenir con celeridad ante sequías, inundaciones, plagas o contingencias sanitarias (como el reabastecimiento de laboratorios en la pandemia).
Investigación y servicios: El ajuste ya resintió el 23% de las actividades de I+D en territorio y el 42% de las líneas de innovación, afectando a 29 cadenas de economías regionales y 202 unidades. Además, corren riesgo de incumplimiento 93 convenios de gestión de calidad, tras el retiro de 223 profesionales con posgrado en julio de 2026.
Presencia territorial y pequeños productores: Se registraron cierres de 41 Agencias de Extensión Rural, 74 oficinas y el cese de la Estación Experimental AMBA. El repliegue golpea al 70% de las explotaciones agropecuarias del país (de menos de 100 hectáreas) y compromete programas como Cambio Rural y ferias cooperativas.
Información pública y monitoreo: Corren peligro las redes de datos sobre suelos, clima, agua subterránea y alertas tempranas utilizadas por productores y estados provinciales para la toma de decisiones estratégicas.
Agenda de innovación a mediano plazo: Quedan en suspenso los proyectos sobre agro 4.0 (IA, drones, sensores), gestión de cuencas e hidrología, huella de carbono, mejoramiento genético para climas extremos y epidemiología ambiental.
Activos biológicos y genéticos estratégicos: La falta de mantenimiento amenaza activos únicos, tales como la colección de olivos más relevante de América, el banco de vides de Mendoza y San Juan, el Banco de Microorganismos Benéficos y el desarrollo genético de variedades de ajo, cebolla, algodón, arroz y ovinos.
Retención de personal calificado: Frente a una depreciación del poder adquisitivo salarial cercana al 40%, el organismo enfrenta una fuga constante de cuadros técnicos capacitados.
Escenarios de impacto en las cadenas productivas
El informe advierte sobre escenarios concretos que podrían desencadenarse de convalidarse la pauta presupuestaria. Entre ellos se destaca la falta de monitoreo oportuno ante rebrotes de plagas (como la chicharrita del maíz), la pérdida de previsibilidad meteorológica para declarar emergencias agropecuarias y la falta de insumos de laboratorio ante alertas sanitarias.
A nivel territorial, los productores del cinturón hortícola y de las economías regionales (fruticultura del Alto Valle, vitivinicultura de Cuyo o la ganadería ovina patagónica) perderían asistencia técnica directa, quedando expuestos a un encarecimiento en el acceso a tecnología o a la venta de sus productos mediante intermediarios a precios desventajosos. Asimismo, la interrupción en las series históricas de datos ambientales y la pérdida de colecciones genéticas vivas resultarían irreparables para el patrimonio científico nacional
