La inminente exclusión de Bahía Blanca de la Ley de Zona Fría y la consecuente eliminación del subsidio a la tarifa de gas disparó una fuerte advertencia desde el ámbito académico y económico. La doctora María María Ibáñez Martín (IIESS-CONICET) alertó que quitar el beneficio sin un mecanismo paliativo para los sectores de bajos ingresos es «una locura», reclamando al Gobierno Nacional el uso de un «bisturí» en lugar de una «motosierra».
El Dilema de la Zona Fría: ¿Eficiencia o Costo Humano?
La Ley 27.637 de Zona Fría fue sancionada para establecer un régimen tarifario diferencial del gas natural por redes para usuarios de determinadas zonas geográficas, incluyendo parte de la Provincia de Buenos Aires, donde el consumo se incrementa considerablemente por las bajas temperaturas. Sin embargo, en el marco de la revisión del gasto público y los subsidios energéticos, el Gobierno Nacional ha planteado la posibilidad de eliminar el beneficio en zonas que, a su criterio, no cumplen estrictamente con los parámetros de frío extremo.
Bahía Blanca se encuentra en el centro de esta discusión. De concretarse la exclusión, se estima que alrededor de 120.000 familias bahienses dejarían de percibir la ayuda estatal que impacta directamente en sus facturas de gas, un insumo esencial en los meses de invierno.
La especialista en economía y energía, María María Ibáñez Martín, subrayó en diálogo con medios locales que, si bien la medida apunta a corregir distorsiones, la metodología propuesta por el Gobierno de «a todo o nada» resultaría altamente perjudicial.
«No prever un mecanismo paliativo para los hogares de ingresos bajos es realmente una locura», aseveró Ibáñez Martín, destacando que el costo social de esta decisión, si se aplica sin estrategia, superará con creces el ahorro económico que el Estado podría obtener.
Corregir la Distorsión, no Eliminar el Beneficio
La postura de los expertos en la materia no es la defensa ciega del subsidio actual, sino la implementación de una estrategia quirúrgica. Ibáñez Martín reconoció que el sistema actual es ineficiente y contiene inequidades.
«Hay distorsiones. En Bahía Blanca, el gas se subsidia todo el año, incluso en meses no fríos, y eso lleva a asistir económicamente a una familia de altos ingresos que usa una caldera a gas para calefaccionar el agua de una pileta; entonces, los hogares con mayor poder adquisitivo se apropian de la medida», explicó la economista.
Es aquí donde entra en juego el concepto del «bisturí»: redefinir la ley para que el subsidio sea segmentado y focalizado, garantizando que llegue únicamente a quienes realmente lo necesitan y justificado por el factor climático.
La Paradoja de los Vulnerables y la Injusticia Social
Uno de los puntos más críticos de la eliminación del subsidio, tal como está planteada, es la situación de los barrios más vulnerables. La investigadora del CONICET recordó una paradoja que se agrava con el recorte: «Gran parte de los barrios vulnerables no tienen conexión al gas natural y no tienen acceso al beneficio» en la actualidad.
Es decir, si el Gobierno busca la eficiencia en el subsidio para cubrir la desigualdad, debe primero garantizar que la ayuda llegue a los hogares de bajos ingresos que sí tienen la conexión. Pero, si simplemente se quita la Ley de Zona Fría, el impacto recae con más dureza en la clase media y baja que está conectada y que realmente utiliza el gas para calefaccionarse, mientras los hogares sin red quedan, una vez más, fuera de cualquier ayuda estatal de calidad.
La especialista fue categórica: «Si se busca la eficiencia en el subsidio para cubrir la desigualdad, siempre vale la pena tomar una medida como esta; pero no de la manera que lo piensa el Gobierno, porque el costo social de quitar el subsidio, sin una estrategia, es mucho más alto que lo que se puede ganar en términos económicos». La pelota ahora está en el tejado de las autoridades nacionales, que deben decidir si aplican una medida de fondo sin medir las consecuencias sociales o si optan por una corrección inteligente y focalizada.
