El 45,2% de los trabajadores argentinos se encuentra en una situación de desprotección laboral, sin la estabilidad, los aportes jubilatorios ni la estructura necesaria para sostener su actividad. La conclusión surge de un nuevo informe elaborado por el Instituto Argentina Grande, basado en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Sobre una Población Económicamente Activa proyectada en 22,5 millones de personas, el relevamiento identificó a 5,7 millones de asalariados informales y a 5,6 millones de cuentapropistas, de los cuales 3,4 millones no facturan por sus tareas. En contraposición, el empleo privado protegido representa solo el 39% de los ocupados, mientras que el sector público concentra el 15,7%.
El estudio revela un progresivo deterioro del mercado de trabajo en los últimos dos años: mientras que se crearon 626.000 puestos considerados desprotegidos, se destruyeron 56.000 empleos privados protegidos y 212.000 puestos en el ámbito estatal. Asimismo, de los 350.000 nuevos ocupados incorporados desde 2024, la totalidad ingresó a través de modalidades precarias. Para medir las formas encubiertas de desocupación, la entidad introdujo el concepto de “desempleo blue”, que contempla a quienes realizan pocas horas informales mientras buscan un trabajo registrado. Al sumar este indicador (7,7%) a la tasa de desempleo oficial (7,8%), la desocupación ampliada alcanzó el 15,5% en el primer trimestre de 2026, lo que representa una suba de 1,5 puntos respecto a 2024.
Los jóvenes de entre 18 y 26 años conforman el segmento más vulnerable, con una tasa de desprotección que ascendió del 53% al 61,6% y la pérdida neta de 160.000 empleos formales en dos años. Las caídas más drásticas en empleos juveniles protegidos se dieron en el comercio (-43%) y la construcción (-30%), empujando el «desempleo blue» en esta franja al 27,7%.
A su vez, la desprotección privada creció con mayor intensidad entre las mujeres (+14,1% frente al +9,3% en varones), quienes además absorbieron el 62% de los recortes en el empleo público (132.000 puestos). El informe evidencia también que el nivel educativo es determinante: la precariedad alcanza solo al 18% de las personas con título universitario, pero trepa al 66% entre quienes no terminaron el secundario. Por último, impulsados por la pérdida del poder adquisitivo previsional, la participación de adultos de 66 años o más en el mercado de trabajo creció un 14%, registrando un 12,6% de desempleo encubierto.
