El homicidio de la pequeña Kim Gómez en La Plata ha reavivado el debate sobre la baja de la edad de punibilidad en Argentina. La presentación de proyectos de ley en el Congreso, incluyendo el del gobierno nacional, presiona para reformar el régimen de Responsabilidad Penal Juvenil.
El plan del presidente Javier Milei propone reducir la edad de punibilidad de 16 a 13 años para delitos graves. Sin embargo, en Bahía Blanca, la medida enfrenta obstáculos importantes:
- Saturación en centros de alojamiento: El pabellón de jóvenes adultos en la cárcel de Villa Floresta está saturado, y el centro de recepción del instituto Valentín Vergara carece de cupos suficientes.
- Falta de un centro especializado: La promesa de un centro para menores en conflicto con la ley nunca se concretó.
- Capacidad limitada: Los centros de alojamiento de menores en la provincia no superarían los 1.000 cupos.
La jueza Natalia Giombi señala la necesidad de políticas públicas «efectivas» para abordar las situaciones complejas de estos jóvenes, a menudo vinculadas a adicciones. «El encierro total no resolverá la problemática», afirma.
El juez Rodrigo Morabito destaca que los delitos cometidos por menores de 16 años representan menos del 1% a nivel nacional, y advierte que la baja de la edad de punibilidad no disminuirá la delincuencia.
El proyecto del gobierno nacional propone sanciones alternativas a la prisión y limita la pena máxima a 20 años. También plantea la creación de centros especializados de detención de menores.
La falta de cupos en los centros de alojamiento plantea el problema del «plan canje», donde se intercambian plazas entre menores por la gravedad de sus delitos.
