En una medida que desató una ola de repudios por parte de organizaciones periodísticas y de derechos humanos, la Justicia de Tucumán impuso una restricción inédita a la libertad de prensa. A través de una resolución firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, se dispuso que la empresa Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y todos sus periodistas, productores y conductores no podrán realizar críticas ni comentarios negativos sobre jueces y fiscales provinciales durante seis meses.
La decisión judicial, fechada el 4 de noviembre, surge a raíz de una denuncia presentada por el ministro fiscal de la Corte Suprema de Tucumán, Edmundo Jesús Jiménez, quien alegó ser víctima de una «campaña pública de hostigamiento y desprestigio» encabezada por Gustavo Olarte, director del medio CCC. Según el fallo, el canal habría difundido expresiones «tendenciosas y maliciosas» con el fin de «socavar la confianza pública en la administración de justicia».
El texto judicial advierte que cualquier incumplimiento de la medida será sancionado «bajo apercibimiento de desobediencia judicial», configurando una forma de censura previa que, según expertos y entidades periodísticas, vulnera garantías constitucionales básicas.
Un gobernador que respalda «respetar las decisiones judiciales»
Consultado sobre la polémica, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, evitó cuestionar la resolución y pidió «respetar las decisiones del Poder Judicial». «Yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones que toman los poderes. Es una decisión judicial que hay que respetarla», afirmó. Sin embargo, también reconoció que existen «caminos judiciales para revertir esa medida, si alguien entiende que tiende a amordazar la libertad de prensa».
La postura de Jaldo fue interpretada como un respaldo indirecto al accionar del Poder Judicial, en un contexto de crecientes denuncias sobre la falta de independencia institucional en la provincia.
Rechazo unánime del periodismo y los organismos de derechos humanos
La resolución de Taboada generó un inmediato rechazo de organizaciones gremiales y entidades dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.
La Asociación de Prensa de Tucumán (APT) calificó el fallo como «un atentado directo a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada». En un comunicado, la entidad sostuvo:
«El fallo instala un bozal judicial sobre periodistas y medios. La Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíben toda forma de censura previa, ya sea legislativa, administrativa o judicial».
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) se solidarizó con los trabajadores de CCC, mientras que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que la medida «afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía» y «representa un acto de censura previa incompatible con el sistema democrático».
Por su parte, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) denunció que «la democracia tucumana atraviesa un proceso de degradación institucional que parece no encontrar límites». Recordó además antecedentes graves, como la destitución del juez Enrique Pedicone en 2021 y el encarcelamiento de un abogado por desobediencia judicial en 2024, que también fueron considerados actos de censura y persecución.
Un poder judicial cuestionado y un fiscal con pasado político
La figura de Edmundo Jiménez, denunciante del caso, no está exenta de polémica. Fue ministro de Gobierno y Justicia durante la gestión de José Alperovich, condenado en 2024 a 16 años de prisión por delitos de abuso sexual. Jiménez ocupa el cargo de ministro fiscal desde 2014 y ha sido acusado en reiteradas ocasiones de manejar discrecionalmente el Ministerio Público.
Incluso, el diputado nacional Carlos Cisneros (Unión por la Patria) lo acusó de «diseñar maniobras judiciales para encubrir a futbolistas denunciados por violación», denunciando una «justicia tucumana armada a gusto de Alperovich».
Un grave precedente para la libertad de prensa
La medida impuesta por el juez Taboada constituye uno de los casos más severos de censura previa registrados en democracia. Organismos periodísticos nacionales e internacionales advierten que, de consolidarse, podría abrir la puerta a nuevos mecanismos judiciales de silenciamiento frente a la crítica pública de funcionarios.
En palabras de la APT:
«La prensa tiene el deber de controlar, informar y cuestionar el accionar de los poderes del Estado. Amordazarla no solo vulnera el derecho de los periodistas, sino el derecho de la sociedad a saber».
Mientras el fallo siga vigente, los trabajadores de CCC deberán abstenerse de emitir cualquier juicio crítico sobre la justicia tucumana, en un escenario que reaviva el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el poder punitivo del Estado.
