Tras más de dos décadas de denuncias y reclamos territoriales, familias de la comunidad qom del norte de Chaco obtuvieron un fallo judicial histórico que condena a empresas vinculadas al empresario Eduardo Eurnekian por las fumigaciones con agroquímicos sobre sus poblados. La sentencia también alcanzó al Estado provincial por no garantizar la protección adecuada de los pobladores rurales.
El conflicto se centra en las actividades del establecimiento Don Panos —un predio de 50.000 hectáreas ubicado entre las localidades de Pampa del Indio y Presidencia Roca— donde operan la firma Unitec Bio, perteneciente al grupo Corporación América, y la arrendataria Marfra S.A. Según expusieron los pobladores, desde al menos 2006 las aplicaciones aéreas y terrestres afectaron de forma directa la salud de las familias, contaminaron cursos de agua y destruyeron cultivos e insumos de subsistencia.
Un esquema de exclusión «insuficiente y discriminatorio»
En la resolución, el tribunal concluyó que las compañías incurrieron en prácticas incompatibles con la preservación del ambiente y los derechos fundamentales de las comunidades originarias. Asimismo, remarcó la responsabilidad de la provincia del Chaco por haber diseñado una «línea agronómica» de exclusión que omitió la presencia de viviendas rurales y fuentes de agua utilizadas por la población qom, calificando dicho esquema como «insuficiente y discriminatorio».
El fallo rinde cuenta de una prolongada lucha impulsada por referentes locales como Mariano Peñaloza, quien durante años recorrió los parajes afectados recolectando pruebas sobre los daños sufridos. «Las fumigaciones provocaron la muerte de animales de granja y deterioraron gravemente nuestras condiciones de vida», recordó su hija, Rosalba Peñaloza, tras conocerse la decisión judicial.
La causa incorporó pericias ambientales y estudios científicos que ratificaron la presencia de agroquímicos en la zona, contando además con el acompañamiento de organizaciones socioambientales y de derechos humanos de alcance nacional.
A pesar del antecedente que fija la sentencia, el caso judicial continúa abierto. Las empresas condenadas presentaron recursos de apelación, por lo que el expediente será evaluado en instancias superiores. Sin embargo, para las familias qom, el fallo representa el primer reconocimiento oficial a más de veinte años de resistencia por la salud de sus comunidades.
