La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de desregular el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa. Desde la entidad aseguran que la medida carece de fundamentos técnicos, fue inconsulta y pone en serio peligro el estatus sanitario que la Argentina mantiene desde hace más de dos décadas.
El malestar en el sector agropecuario creció tras la reciente resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que habilita a los productores a contratar veterinarios privados para la aplicación de las dosis. Este cambio modifica sustancialmente el esquema tradicional de vacunación, el cual se apoya históricamente en la labor de entes sanitarios y fundaciones locales.
Desde CARBAP calificaron la iniciativa como una decisión tomada de forma unilateral. Según explicaron, la medida no fue debatida en ámbitos técnicos fundamentales como la Comisión Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Conalfa) ni en las comisiones provinciales de sanidad. Para la entidad ruralista, ignorar estas instancias de consenso debilita la estructura de control que ha permitido al país mantenerse libre de la enfermedad sin vacunación en algunas zonas y libre con vacunación en la mayor parte del territorio productivo.
El fantasma de la crisis de 2001
La mayor preocupación de los productores radica en los antecedentes históricos. La organización recordó que intentos previos de flexibilizar los controles sanitarios derivaron en crisis graves, como la ocurrida a principios de los años 2000, que cerró mercados internacionales para la carne argentina durante años. «No existen razones sanitarias ni económicas que justifiquen este cambio», sostuvieron desde la confederación.
Un punto crítico señalado es la logística en establecimientos pequeños o situados en zonas geográficamente aisladas. Actualmente, más de la mitad de los productores ganaderos poseen rodeos de escala menor. En el esquema vigente, las fundaciones garantizan la cobertura total mediante un sistema solidario. Bajo el nuevo modelo desregulado, queda la incertidumbre sobre quién controlará la vacunación en los campos que no resulten rentables para los profesionales privados.
Impacto económico y exportaciones
En términos financieros, CARBAP desestimó el argumento oficial sobre la reducción de costos. Señalaron que el valor de la aplicación de la vacuna no es un factor determinante en la estructura de gastos del productor y que, por el contrario, el riesgo de perder el estatus sanitario tendría un costo infinitamente superior al afectar las exportaciones de carne.
El rechazo de la entidad central ha sido respaldado por diversas asociaciones rurales de la provincia de La Pampa, donde la alerta es máxima. Las organizaciones regionales coinciden en que la sanidad animal debe ser tratada como una política de Estado y no quedar sujeta exclusivamente a las reglas del mercado. Ante este escenario, solicitaron la apertura de una instancia de diálogo técnico antes de que la resolución se implemente de forma definitiva.
