La renuncia del concejal oficialista Jonatan Arce, forzada tras negarse a un control de alcoholemia, generó una inmediata crisis en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca y encendió las alarmas del Ejecutivo municipal. La salida del dirigente, considerado una pieza clave en las negociaciones legislativas del intendente Federico Susbielles, abrió un debate político y jurídico sobre quién debe ocupar su escaño en la antesala de la discusión por la Ordenanza Fiscal e Impositiva.
El Concejo Deliberante de Bahía Blanca se vio sacudido por la renuncia de Jonatan Arce, concejal del oficialismo y figura cercana al intendente Federico Susbielles. La dimisión, que se concretó a raíz de un incidente donde el edil se negó a someterse a un control de alcoholemia, introdujo incertidumbre política en un momento crítico para la gestión municipal.
Arce no era un concejal más: formaba parte del círculo de confianza del Intendente y, junto al edil Álvaro Díaz, desempeñaba un rol central en las negociaciones para asegurar los votos necesarios para aprobar la Ordenanza Fiscal e Impositiva. Esta normativa es considerada una de las herramientas de gestión más importantes para el Ejecutivo. Su salida repentina obliga al oficialismo a resolver con urgencia quién ocupará su lugar y a recomponer su estrategia legislativa.
La disputa por el reemplazo: Orden y excepciones
La sustitución de un concejal se rige estrictamente por el orden de la lista con la que el frente Fuerza Patria se presentó en la última elección.
Reemplazo natural por lista: En principio, el lugar de Arce correspondería a la ex delegada de Ingeniero White, quien figura inmediatamente después del concejal renunciante en la nómina.
Criterio de género: A diferencia de lo que sucede en el ámbito nacional, la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires no aplica el criterio de paridad o género para cubrir vacantes. Por lo tanto, el reemplazo debe ser estrictamente numérico, respetando el orden de la lista original.
Sin embargo, la situación se complica debido a la existencia de dos funcionarios que actualmente se encuentran en uso de licencia. Federico Montero y Paola Ariente anteceden a Arce en la lista original de candidatos.
El eventual regreso de Montero o Ariente a sus bancas reordenaría el esquema interno y modificaría la línea de sucesión de la banca vacante, un punto que generó un debate político y jurídico dentro del oficialismo. La fuerza gobernante busca una salida institucional prolija que evite mayores tensiones en un clima ya enrarecido.
Impacto en la estrategia legislativa
La renuncia de Arce ocurre en el peor momento para el Ejecutivo municipal, ya que la necesidad de votos para aprobar la Ordenanza Fiscal e Impositiva es perentoria. Arce era reconocido como uno de los principales articuladores del diálogo y los acuerdos con sectores opositores. Su ausencia deja un vacío en el bloque oficialista y obliga a recomponer en tiempo récord la arquitectura de consensos.
A pesar de las versiones que circulaban en el Concejo Deliberante, especialmente desde sectores de la oposición, fuentes consultadas dentro de Fuerza Patria desmintieron que Arce estuviera involucrado en las negociaciones de la ordenanza «de tasas». Según estos representantes, los ediles que trabajan activamente en el proyecto, además del titular de bloque, Álvaro Díaz, son su colega Lucía Martínez Zara.
Mientras el oficialismo analiza las alternativas y el posible impacto de un regreso de los ediles en uso de licencia, la definición del nombre que asumirá la banca es inminente. La rapidez en la resolución es crucial para evitar que la crisis institucional obstaculice la aprobación de las herramientas financieras del intendente.
