En el escrito presentado, la denuncia penal se enmarca en «acciones de inteligencia prohibida» (con penas de entre tres a diez años de prisión) y solicita «la intervención preventiva de la justicia federal para impedir la consumación de los actos ilícitos discriminatorios anunciados por el Presidente y su ministro de Relaciones Exteriores».
Además, hace hincapié en un mensaje de la cuenta «Oficina del Presidente de la República Argentina» en donde considera que «se anuncia la realización de acciones ilegales de persecución ideológica contra los funcionarios estatales» cuando se propone «identificar impulsores de las agendas enemigas de la libertad«.
Cabe recordar que tras la salida de la excanciller Diana Mondino, en el organismo de relaciones exteriores impulsaron el cierre de embajadas «que tenga nulo vínculo comercial con Argentina» y reemplazarlas por una suerte de oficinas regionales. Además, desde la asunción de Gerardo Werthein, el funcionario tiene un mandato claro de perseguir «agendas enemigas de la libertad», y en ese marco había pedido a todos en el Palacio San Martín que pongan sus renuncias a disposición.
