Una severa controversia política y del sector de la economía social se desató tras la publicación formal de la Resolución N° 2076/26 por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Mediante dicha disposición, el organismo nacional dispuso la suspensión masiva de la autorización para funcionar a miles de cooperativas y entidades mutuales distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, argumentando la existencia de incumplimientos en la presentación oportuna de documentación asamblearia y estados contables.
Frente a la difusión de la medida, el titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo de la Provincia de Buenos Aires (IPAC —organismo equivalente al INAES en la jurisdicción bonaerense—), Gildo Onorato, expresó un enérgico y categórico repudio institucional hacia las determinaciones adoptadas por las autoridades del área nacional.
«Repudiamos la Resolución del INAES 2076/26, que suspende 6.667 cooperativas en todo el país. Esta resolución le impide trabajar al 40% de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires», alertó con visible preocupación el funcionario del Gobierno bonaerense a través de sus canales de comunicación oficial.
En ese mismo sentido, Onorato detalló el fuerte impacto cuantitativo que la disposición tiene sobre el entramado productivo de la provincia: «Venimos haciendo un esfuerzo enorme desde la provincia de Buenos Aires para sostener las fuentes de trabajo que garantizan las cooperativas y hoy nos desayunamos con la suspensión de 1.916 cooperativas y 299 cooperativas intimadas en la provincia de Buenos Aires», precisó.
El titular del IPAC remarcó además la necesidad de priorizar la estabilidad laboral en el actual contexto productivo: «Tenemos que acompañar y sostener las fuentes de trabajo, no poner más palos en la rueda a los trabajadores en esta crisis económica». Finalmente, hizo un llamado formal al organismo del Poder Ejecutivo nacional: «Le pedimos al INAES que revea los padrones de cooperativas publicados y la situación de las miles de entidades suspendidas».
El alcance técnico y normativo de la Resolución 2076/26
De acuerdo con lo publicado por el portal especializado en normativa e impuestos Errepar, la sanción administrativa del INAES determina la suspensión preventiva para operar de aquellas cooperativas y mutuales que hayan incurrido en omisiones en la entrega de balances, estados contables y actas de asamblea correspondientes al período fiscal que se extiende entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026.
El alcance directo de la normativa comprende a todas aquellas entidades que obtuvieron su inscripción formal hasta el 31 de diciembre de 2024 y que incumplieron con las obligaciones estipuladas en la Ley N° 20.337 (de Cooperativas), la Ley N° 20.321 (de Mutuales) y las disposiciones complementarias dictadas por el ente fiscalizador.
Como consecuencia inmediata de la medida, las organizaciones incluidas en los anexos correspondientes (Anexos I al VI de la norma) quedarán imposibilitadas de realizar cualquier tipo de trámite administrativo ante el INAES hasta tanto regularicen de forma integral su situación técnica y contable. Asimismo, la autoridad de aplicación dispuso la apertura de la instrucción de sumarios administrativos individuales por cada una de las infracciones detectadas.
Esquema de plazos diferenciados para la regularización documental
La Resolución N° 2076/26 contempla un mecanismo de intimación y plazos diferenciados de intimación, orientados a aquellas cooperativas y mutuales que obtuvieron su personería jurídica durante los años 2023, 2024 y 2025 y que mantienen deudas en la rendición documental exigida:
Entidades constituidas durante los años 2023 y 2024: Deberán presentar de forma completa la documentación asamblearia pendiente y los estados contables adeudados dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles administrativos a partir de la notificación.
Entidades constituidas en el transcurso del año 2025: Dispondrán de un período de hasta 60 días hábiles administrativos para regularizar la totalidad de los requisitos omitidos ante el organismo.
Desde los sectores vinculados al cooperativismo de la Provincia de Buenos Aires insistieron en la imperiosa necesidad de que el Estado nacional instrumente canales de asesoramiento y acompañamiento para evitar la paralización definitiva de las fuentes de trabajo asociativo.
