Derogar el DNU 70 no restablece leyes previas: el impacto en alquileres, salud y comercio exterior
Un exhaustivo informe de Zentrix Consultora analiza las consecuencias de un eventual rechazo definitivo del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. Advierte que la derogación no restituye automáticamente las normativas anteriores, generando incertidumbre en contratos de alquiler, prepagas y operaciones de comercio exterior, mientras que los capítulos laboral y de privatizaciones ya se encuentran resguardados por leyes del Congreso.
El debate legislativo en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 ingresa en una etapa decisiva. Ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados ratifique el rechazo previamente votado por el Senado en marzo de 2024, un análisis técnico elaborado por la firma Zentrix Consultora encendió las alarmas sobre el escenario jurídico y económico del día después. La principal advertencia del estudio radica en que la derogación de un DNU no restituye de manera automática ni automática la vigencia de las leyes que fueron eliminadas o modificadas por el decreto. En consecuencia, de no mediar una norma de transición específica aprobada por el Congreso, el mercado enfrentaría un peligroso vacío regulatorio que afectaría de forma directa a la firma de contratos de alquiler, las cuotas de la medicina prepaga y la planificación del comercio exterior.
El informe destaca que el impacto real de una eventual caída del DNU se concentraría fuertemente en esos tres ejes, desmontando la idea de un colapso generalizado en la economía. Esto se debe a que gran parte del articulado original del decreto ha quedado subsumido o reemplazado por leyes sancionadas con posterioridad por el propio Poder Legislativo.
Los aspectos laboral y de privatizaciones, a salvo por leyes posteriores
Contrario a la percepción dominante en el debate político, las reformas de mayor volumen institucional y laboral no dependen hoy de la suerte del DNU 70/2023. La reforma laboral contenida originalmente en el decreto fue declarada inválida por la Justicia en enero de 2024. Desde entonces, el marco regulatorio del trabajo pasó a regirse por la Ley Bases y la Ley 27.802 de Modernización Laboral, ambas discutidas y aprobadas por el Congreso Nacional. De este modo, una eventual derogación del DNU no modificará los costos laborales vigentes, los esquemas de indemnización ni las reglas de contratación.
El Congreso debate el futuro normativo tras el dictamen del DNU 70/2023.. Fuente: Diego Coppola / Getty Images
Un fenómeno idéntico ocurre con el programa de privatizaciones y la desregulación del sector energético. Ambas materias cuentan con respaldo legal propio a través de la Ley Bases. En la práctica, el capítulo que consumió la mayor cantidad de horas de discusión política y mediática es el que menos condicionado está por la validez del DNU.
Alquileres: el frente más sensible y el riesgo de convivencia de tres regímenes
El mercado inmobiliario de alquileres se posiciona como el caso más crítico ante una anulación del decreto. El DNU 70 derogó la Ley 27.551 (Ley de Alquileres) y restituyó la libertad entre inquilinos y propietarios para pactar los plazos del contrato, la moneda de pago y los índices de actualización. Si el esquema del decreto cae y no se sanciona una ley sustitutiva, la reaparición del texto legal anterior reinstauraría los plazos mínimos obligatorios y los mecanismos de ajuste prefijados por el Estado.
La experiencia registrada entre los años 2020 y 2023 demuestra los efectos colaterales de dicho marco: retracción en la oferta de inmuebles tradicionales, migración masiva de viviendas hacia alquileres temporarios o informales y un encarecimiento preventivo de los precios de entrada. La consultora advierte sobre un efecto asimétrico: mientras el inquilino que ya posee un contrato vigente bajo el DNU mantendría sus condiciones originales, quien busque vivienda a partir de la derogación enfrentará un mercado mucho más reducido y costoso. Como consecuencia, podrían llegar a convivir hasta tres esquemas contractuales diferentes en un mismo momento dentro del mercado.
Esta distorsión normativa trasciende la vivienda familiar. Bajo el DNU, las deudas pactadas en moneda extranjera deben cancelarse estrictamente en la moneda convenida. Si se reinstaura la redacción previa del Código Civil y Comercial, el deudor podría liberarse cancelando el equivalente en pesos. Ese riesgo cambiario terminaría trasladándose al costo del crédito privado en dólares destinado a la compra de inmuebles, equipamiento o maquinaria industrial, el cual tendería a encarecerse o desaparecer.
Medicina prepaga y libre elección de obra social
En el ámbito de la salud privada, el DNU 70 eliminó el mecanismo de autorización previa estatal para las subas de las cuotas de las empresas de medicina prepaga y habilitó la derivación directa de los aportes de los trabajadores sin intermediación. De caer el decreto, las empresas deberían volver a solicitar el aval oficial de la autoridad de aplicación para aplicar aumentos, en tanto que la libre elección directa de la cobertura perdería su sustento legal.
Aunque en el corto plazo la medida aportaría previsibilidad al bolsillo del afiliado, el análisis cualitativo de Zentrix indica que, cuando la cuota queda desfasada frente a costos de insumos que crecen por encima del índice general de inflación, la variable de ajuste se traslada hacia la calidad prestacional, la imposición de copagos y la cadena de pagos a sanatorios, clínicas y profesionales médicos. Asimismo, si bien los traspasos de aportes ya concretados se mantendrían, las nuevas solicitudes quedarían congeladas y una porción de los fondos retornaría de forma obligatoria a la intermediación de las obras sociales sindicales.
Comercio exterior y barreras para las pymes
El tercer punto álgido se ubica en las operaciones de comercio exterior. El DNU fijó la pauta de que las restricciones cuantitativas a las exportaciones e importaciones motivadas por razones económicas solo pueden establecerse mediante una ley del Congreso. Con la derogación de la norma, el Poder Ejecutivo recuperaría la facultad discrecional de aplicar vedas o cupos mediante decretos de necesidad y urgencia, reeditando antecedentes como las limitaciones a la exportación de carne vacuna aplicadas en 2021.
La sola posibilidad de que esta facultad retorne afecta las decisiones de inversión a largo plazo de los exportadores. A ello se le sumaría la reinstauración de registros obligatorios para operar y la facultad de retener mercadería en zonas portuarias ante controversias administrativas, dos mecanismos que impactan con mayor dureza sobre las pequeñas y medianas empresas exportadoras.
Redistribución de ingresos y el rol del Estado
La caída del DNU reordenaría los ingresos en diversos sectores de la economía nacional:
Compre Argentino: Obligaría al Estado nacional a priorizar a los proveedores locales en las compras públicas, aumentando el costo fiscal pero generando demanda para la industria nacional.
Comercios y tarjetas: Volverían a regir los topes a los aranceles de cobranza con tarjeta de crédito y débito, con probabilidad de traslado de costo hacia los usuarios financieros.
Góndolas y yerba mate: Las pymes recuperarían espacios garantizados en los exhibidores de las grandes cadenas comerciales (Ley de Góndolas), mientras que el sector yerbatero recuperaría un precio de referencia para la hoja verde fijado por el organismo sectorial.
Ley de Abastecimiento: El Estado recobraría herramientas de intervención directas sobre la formación de precios en la cadena comercial.
El estudio de Zentrix Consultora concluye que el mayor riesgo económico no radica en la pérdida de una norma individual, sino en la incertidumbre que genera la transición jurídica sin un marco legal que ordene el «día después». De no mediar una ley de emergencia que clarifique el estatus de los contratos en curso, la resolución de los conflictos quedará judicializada caso por caso, postergando decisiones de inversión y consumo.
Fuentes y metodología del estudio: El informe técnico procesó el articulado del DNU 70/2023, las leyes 26.122, 27.742 y 27.802, decretos reglamentarios posteriores y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (incluido el fallo del 29 de septiembre de 2026 sobre la Ley de Tierras Rurales). Los datos están actualizados al 6 de octubre de 2026.
