Inicios. La historia no empezó este año. Empezó en el invierno del 2024, cuando un Adorni empoderado mostraba con sorna una radiografía de la cola de un perro para denunciar supuestos fraudes en el otorgamiento de pensiones por invalidez. La imagen se viralizó, fue emblema de un estado descontrolado, que abusaba de derechos, en exceso corrupto, que aprovechaba estas cajas descontrolabas para clientelismo y perpetuidad en el poder. La casta tiene miedo. Con menos difusión, con poca viralización, bajísimo “engagement”, se supo a las semanas que esa imagen había sido utilizad como pieza de proapganda para instalar sospechas sobre el otorgamiento de pensiones.
Sospechas. Bajo el título de “Proyecto de Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, el gobierno de Javier Milei envió al Senado una iniciativa que no sólo endurece el acceso a las pensiones no contributivas, sino que modifica tres pilares normativos del sistema: la Ley 13.478 de pensiones no contributivas, la Ley 24.901, sistema de prestaciones básicas, y la Ley 27.793, sancionada por el Congreso para garantizar financiamiento extraordinario frente a la crisis del sector. El mensaje político que acompaña el texto es tan explícito como inquietante: el Ejecutivo sostiene que el crecimiento del número de pensiones en las últimas dos décadas vuelve “inevitable” la sospecha sobre las condiciones en que esos beneficios fueron otorgados. La discapacidad aparece así narrada no como una cuestión de derechos sino como un posible foco de irregularidad fiscal, como un espacio de corrupción y aprovechamiento (en un contexto de vacas o burros flacos)
Iniciativa. Argentina adhirió en 2008 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, 2006) y posteriormente le otorgó jerarquía constitucional. Desde entonces, las personas con discapacidad dejaron de ser concebidas como objetos de asistencia para ser reconocidas como sujetos plenos de derecho: con derecho a la autonomía, al trabajo, a la protección social, a la accesibilidad y a la inclusión en la sociedad. Este cambio de paradigma implicó la obligación de parte del Estado en remover barreras, generar apoyos y promover la equidad e igualdad. Sin embargo, este proyecto colisiona con este postulado internacional.
La propuesta establece un reempadronamiento obligatorio para la totalidad de los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, quienes deberán volver a acreditar historia clínica, situación patrimonial, grupo familiar, incompatibilidades previsionales y condiciones de imposibilidad laboral. La ausencia de documentación o cualquier inconsistencia habilitará suspensiones preventivas y bajas del beneficio. Más de un millón de personas serán auditadas con el objetivo de detectar si son merecedoras o no de una pensión que no supera en términos generales los $350.000
Contradicciones. Paralelamente, este proyecto plantea incompatibilidad entre el cobro de una pensión y un empleo formal, dejando en evidencia esta paradoja de la crueldad que se ha instalado en muchas de las políticas que acucian a la sociedad civil: trabajar o conservar la pensión. La dicotomía va más allá de lo meramente económico: autonomía o subsistencia?, inclusión o supervivencia? El artículo 27 de la CDPD VER+ obliga a los Estados a promover empleo en condiciones de igualdad, con apoyos y ajustes razonables. Aquí ocurre exactamente lo contrario: el empleo no se incentiva, se penaliza. En nuestro país, donde el cupo laboral por discapacidad no llega a cumplirse, esta reforma estaría institucionalizando barreras más que derribarlas.
Alarmas institucionales
La Red Interuniversitaria de Discapacidad del Consejo Interuniversitario Nacional —espacio que nuclea a las universidades públicas del país, entre ellas la Universidad Nacional de Rosario— manifestó su enérgico rechazo al proyecto y advirtió que las medidas propuestas constituyen “un retroceso incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Las universidades públicas señalaron además que el texto reinstala “lógicas de control, sospecha y disciplinamiento”, debilita la protección social y podría configurar “un escenario de abandono estatal” VER+
En la misma línea, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que la iniciativa oficial criminaliza a beneficiarios y pone en riesgo la continuidad de apoyos esenciales VER+
Cuando universidades, instituciones especializadas y organizaciones históricas coinciden en hablar de regresividad, la discusión deja de ser sectorial.
Revisionismo de derechos
Lo que comienza a desplegarse con esta reforma excede largamente una discusión presupuestaria. Se trata de una política de revisión restrictiva sobre derechos que parecían, al menos en el plano normativo, ya consolidados.
La discapacidad había logrado correrse —no sin tensiones ni insuficiencias— del viejo paradigma tutelar que concebía a las personas como objetos de asistencia y control. La adhesión a la CDPD supuso el reconocimiento de ciudadanía, autonomía y acceso a apoyos como obligaciones estatales. El nuevo proyecto ensaya el movimiento inverso.
Bajo la narrativa del fraude, vuelve a colocar sobre las personas con discapacidad la carga de probar merecimiento y legitimidad. El derecho deja de presumirse; debe ser revalidado. La protección deja de ser una garantía; se convierte en un beneficio condicionado. La ciudadanía deja lugar al expediente bajo observación.
Ese es el revisionismo más profundo que propone la iniciativa oficial: no revisar únicamente pensiones, sino revisar el consenso democrático que entendía a la discapacidad como una cuestión de derechos y no de concesiones administrativas.
***
*Licenciada en Ciencia Política (UNR), militante por la diversidad corporal, anticapacitista, docente universitaria, trabajadora en la Secretaría de DDHH de la UNR. Contacto: rominasarti@gmail.com
