La sesión del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca de este jueves se convirtió en un escenario de fuerte debate político y cruce de acusaciones, centrado en la falta de asistencia económica del Gobierno Nacional a la ciudad tras la inundación. En una intervención que generó controversia, Álvaro Díaz, presidente del bloque local de Fuerza Patria, denunció que las prioridades del Ejecutivo Nacional son ajenas a las necesidades de la comunidad, al tiempo que destinan cifras astronómicas al pago de intereses de la deuda pública.
El Concejo aprobó por mayoría un expediente que insta al Congreso de la Nación a reactivar la Ley 27.790, una medida diseñada para destinar fondos específicos para la reconstrucción de Bahía Blanca. La propuesta, impulsada por el oficialismo local, encontró la férrea oposición del bloque de La Libertad Avanza, que votó en contra.
Ante la negativa libertaria, Díaz retrucó con cifras contundentes que buscan dimensionar el desequilibrio entre el gasto nacional y la ayuda que la ciudad requiere. “Observamos con mis compañeros de bloque que en julio se pagaron intereses de deuda pública por 17 billones de pesos. Este monto significa 113 ayudas requeridas por Bahía Blanca para su reconstrucción”, afirmó el concejal. Y agregó, de manera más impactante, que “lo que se está pagando por deuda pública en un día, equivale a cinco veces los fondos que el Gobierno Nacional le niega a la ciudad”. En su discurso, el edil también reclamó mayor transparencia sobre las ayudas que Nación prevé destinar a la ciudad.
El debate no se limitó a las cifras de la deuda. La concejal Gisela Ghigliani, desde una perspectiva crítica, cuestionó directamente los números de Díaz. Sin embargo, en lugar de defender la postura libertaria, utilizó el mismo argumento para apuntar a la situación de los jubilados. “La plata que acaba de decir el presidente de bloque, y que se está llevando vaya a saber quién, cuadriplica lo que corresponde al aumento requerido para los jubilados, que es de 4.2 millones”, sostuvo Ghigliani, lamentando que ni siquiera se haya aprobado un bono de 70 mil pesos para este sector.
El tenso intercambio se dio en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante tras las elecciones del pasado fin de semana, lo que marca el inicio de una nueva etapa de confrontación política en el ámbito local, con la crisis económica y el veto nacional como los principales ejes de la discusión.
