El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego rechazó la rendición de cuentas del ejercicio económico y financiero 2025. La votación resultó en un empate técnico entre el dictamen de la mayoría (UCR) y el de la primera minoría (Fuerza Patria), lo que obligó al presidente del cuerpo a definir la situación, volcando su voto hacia el rechazo propuesto por el bloque de Fuerza Patria.
El tratamiento contó con tres dictámenes distintos. El concejal Gutiérrez, en representación de la UCR, defendió la gestión argumentando que el análisis de la documentación —realizado mediante el sistema RAFAM y en Contaduría Municipal— demostró que la ejecución presupuestaria se enmarcó dentro de lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad.
Sin embargo, los bloques opositores presentaron argumentos técnicos y políticos para desaprobar el balance.
Desde el bloque Fuerza Patria, la concejal Mercedes Gagna sostuvo que la rendición no cumplió con las formalidades exigidas. Entre las observaciones, destacó el incumplimiento en el círculo de compras, falta de firmas, ausencia de fechas, y deficiencias en órdenes de pago, además de cuestionar la modalidad de contrataciones directas. Asimismo, señaló una «débil tarea en la gestión de recaudación» y apuntó que el gasto ejecutado alcanzó los 25.261 millones de pesos, superando en un 19% el presupuesto original de 21.139 millones.
Por su parte, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Rosana Cabarcos, puso el foco en la falta de transparencia y eficiencia. La edil advirtió sobre una «deficiente planificación presupuestaria» y una estructura financiera con escasa capacidad de inversión, concentrada mayoritariamente en gastos corrientes. Un dato clave que aportó su bloque es la alta dependencia financiera de la provincia, que representa aproximadamente el 73,4% de los ingresos totales del municipio.
El rechazo marca un precedente significativo para el Ejecutivo local, al poner en duda la gestión de los fondos públicos del ejercicio 2025 frente a un legislativo que exigió mayor rigurosidad en el control y la transparencia administrativa.
