El Ministerio de Seguridad lanzó una audaz campaña de reclutamiento para el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la nueva unidad de la Policía Federal (PFA) que busca universitarios con perfiles tecnológicos y forenses. Sin embargo, la oferta de un sueldo de Subinspector de $1.052.141,79, sumado al retraso salarial y la crítica situación de la cobertura médica, pone en duda la capacidad del Gobierno para retener profesionales altamente demandados en el sector privado.
El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, ha generado un fuerte impacto mediático con el lanzamiento de la convocatoria para el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la nueva división de élite de la Policía Federal Argentina (PFA). La campaña, que apela a la épica de las agencias de inteligencia con publicaciones estilo Sherlock Holmes y una imagen de Bullrich inspirada en el icónico póster del «Tío Sam», busca atraer a graduados universitarios para la carrera de «investigador del delito».
El objetivo del DFI, creado por el decreto 383/25, es incorporar perfiles técnicos especializados en áreas críticas como Ingeniería, Contabilidad Forense, Sistemas, Informática y Ciberseguridad, con un contrato de permanencia de al menos cinco años. La inscripción está prevista para el 1 de diciembre, seguida de un curso de formación de nueve meses.
El bajo sueldo frente a la alta demanda
La principal controversia no reside en el ambicioso proyecto, sino en la remuneración. El sueldo de ingreso al concluir la formación y asumir como Subinspector en la PFA es de $1.052.141,79, sin contemplar viáticos ni adicionales.
Fuentes del sector de seguridad señalan que este monto es notablemente bajo para captar y retener a profesionales en áreas de alta demanda como la informática para ciberdelitos y la contabilidad forense. Un especialista en fuerzas federales remarcó: «Son dos especialidades en las que se gana infinitamente más que un palo por mes en el sector privado». La PFA se ilustra con renders que evocan la estética de CSI, pero el salario ofrecido se encuentra muy por debajo de lo que el mercado laboral ofrece a estos especialistas, dificultando la tarea de persuadir a talentos con base en la «creatividad publicitaria» solamente.
Atraso salarial y el impacto de la inflación
La situación salarial del personal policial, en general, refleja un deterioro significativo. En diciembre de 2023, el haber de bolsillo de un Subinspector era de $503.726,20. Con una inflación acumulada que, según el informe, se ubicaría cerca del 233% hasta septiembre de 2025, el salario de esa jerarquía debería superar los $1.700.000 para mantener el poder adquisitivo.
A pesar de los aumentos otorgados, los haberes apenas duplicaron la cifra inicial, lo que significa que el personal arrastra un atraso salarial estimado en un 50% en menos de dos años, atado al congelamiento aplicado a gran parte de los sueldos del sector público. Este deterioro ocurre después de un programa de regularización salarial escalonado entre 2020 y 2022, que había logrado convertir ítems no remunerativos en salarios, mejorando aguinaldos y beneficios jubilatorios. Desde entonces, la situación económica del personal ha ido «en picada», según la fuente.
Crisis en la cobertura médica de las fuerzas federales
A los problemas salariales se suma la crítica situación de la cobertura médica, lo que reduce aún más los incentivos para el reclutamiento. El Hospital Churruca, dependiente de la Superintendencia de Bienestar de la PFA, enfrenta serios problemas por falta de insumos y provisión de medicamentos, además de las dificultades en la prestación de servicios médicos y prácticas auxiliares en todo el país.
El Ministerio de Seguridad evalúa la posibilidad de negociar un convenio con una prepaga para derivar parte de la atención de los agentes, bajo la hipótesis de que el volumen de uniformados y su bajo riesgo proyectado podrían ser atractivos para el sector privado. No obstante, la rumorología policial está marcada por la posibilidad de una privatización del Churruca.
La situación es más dramática en Gendarmería Nacional (GNA) y Prefectura Naval Argentina (PNA), cuya obra social, el IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas), arrastra una deuda multimillonaria que obligó al Ministerio de Defensa a intervenir con una inyección de $15.000 millones para paliar pagos atrasados. La crisis de IOSFA ha dejado a miles de gendarmes y prefectos sin atención médica en varias zonas del país, como Rosario, donde clínicas y sanatorios suspendieron los servicios por la deuda acumulada, un golpe particularmente duro para la fuerza que combate el narcotráfico en esa ciudad.
La gestión de Bullrich, si bien busca modernizar el área de investigaciones, deberá abordar de manera integral el atraso salarial y la crisis sanitaria para que su «FBI argentino» sea una alternativa competitiva y atractiva para los profesionales que busca incorporar.
