La investigación judicial sobre el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con firmeza. Tras la difusión de audios atribuidos al exdirector Diego Spagnuolo, el Juzgado Federal N° 11 detectó un presunto esquema de sobornos y sobreprecios en contratos de medicamentos. La clave del expediente se centra ahora en el análisis de evidencia financiera y electrónica, que incluye el hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo en sobres y la vinculación de una de las principales droguerías proveedoras del Estado, en una trama que golpea la transparencia de un área crítica para miles de argentinos.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra sumida en el centro de un escándalo de corrupción que ha escalado hasta la Justicia Federal, poniendo en la mira a su exdirector, Diego Spagnuolo, y a altos mandos de su gestión. La causa, que se inició tras la filtración de explosivos audios, es investigada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi bajo la sospecha de administración fraudulenta y asociación ilícita.
Audios y el Presunto Mecanismo de Soborno
El origen de la causa se remonta a agosto de 2025 con la difusión de grabaciones de voz atribuidas a Spagnuolo, quien era un funcionario de suma confianza del Gobierno, registrando numerosas visitas a la Quinta de Olivos. En estos audios, el exdirector habría detallado un mecanismo de cobro de coimas (sobornos) a proveedores del Estado a cambio de garantizarles adjudicaciones millonarias.
La hipótesis judicial sugiere que la operatoria giraba en torno a contratos de compra de medicamentos e insumos, esenciales para la población con discapacidad. Según se desprende de la prueba, el porcentaje de soborno que se habría exigido a la Droguería Suizo Argentina, una proveedora con convenios multimillonarios, se habría incrementado hasta el 8% del total de las licitaciones.
La Prueba Material: Dinero en Sobres y Vehículos Sospechosos
La investigación no solo se basa en los audios. Una de las acciones judiciales más relevantes fue la serie de allanamientos simultáneos, que incluyeron la sede de la ANDIS, domicilios particulares y oficinas corporativas. Durante una de estas diligencias, los investigadores interceptaron a un allegado a la causa, un hombre identificado como Kovalivker, quien intentaba dejar un country. En el asiento trasero de su vehículo, la policía secuestró una suma considerable de dinero: 266.000 dólares y 7 millones de pesos, divididos y clasificados en sobres, un modus operandi que refuerza la sospecha de un sistema de «recaudación» coordinado.
A este indicio se suman las acciones del propio Spagnuolo. Un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP) reveló que el exfuncionario borró mensajes de su teléfono celular y trató de acceder a su cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo justo antes de entregar su aparato a la Justicia. Estos intentos de obstrucción han sido interpretados por la fiscalía como un intento de ocultar información clave sobre la red de corrupción.
El Contexto Político y la Vulnerabilidad del Sector
El escándalo adquiere una gravedad particular debido a que se trata de un organismo que administra recursos vitales para el sector de la discapacidad. Las denuncias de coimas coincidieron temporalmente con una serie de controvertidas auditorías implementadas por la gestión de Spagnuolo, las cuales derivaron en la suspensión de miles de pensiones no contributivas, generando un estado de emergencia social.
Si bien el Gobierno de Javier Milei, tras el estallido de la crisis, intentó desvincularse de Spagnuolo y asegurar que no tolera actos de corrupción, calificando los audios como una «operación política», la evidencia material y los movimientos judiciales complican seriamente su versión. La proximidad del exdirector con el círculo íntimo del poder, incluida la mención de figuras cercanas al Presidente en los audios, mantiene la presión política sobre la Casa Rosada.
Actualmente, los principales implicados tienen prohibido salir del país. La Justicia se enfoca en el análisis forense de los celulares y la documentación secuestrada para determinar la existencia de una asociación ilícita y trazar el destino final de los fondos supuestamente desviados, garantizando que el dinero destinado a la asistencia social de personas vulnerables no haya sido drenado por la corrupción.
