La Asociación Gremial de Computación (AGC) presentó una denuncia formal contra la multinacional tecnológica y otras 20 empresas del sector, acusándolas de incumplir la obligación de mantener y generar empleo mientras reciben miles de millones en subsidios estatales. Exigen la restitución de beneficios fiscales.
Un terremoto sacude al sector de la alta tecnología en Argentina. La Asociación Gremial de Computación (AGC) ha formalizado una severa denuncia contra la gigante tecnológica Globant (Sistemas Globales S.A.) y otras veinte compañías del rubro IT por presunto fraude fiscal y desvío de fondos públicos. La acusación central es el incumplimiento de las obligaciones fundamentales establecidas en la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento (Ley 27.506).
El gremio de informáticos acusa a estas grandes corporaciones de utilizar los beneficios millonarios del Estado, destinados a fomentar el empleo de calidad, como un «colchón» financiero para sus balances corporativos, mientras que simultáneamente realizan despidos masivos y sostenidos.
Subsidios para Despedir: La Acusación Gremial
Globant, reconocida como uno de los «unicornios nacionales», es señalada como un caso testigo. La empresa se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Beneficiarios (N° RL-2022-11993041-APN-SSEC#MDP), un registro que le permite acceder a enormes beneficios fiscales. El más significativo es el Bono de Crédito Fiscal (BCF), que cubre hasta el 70% de las contribuciones patronales, lo que representa miles de millones de pesos en ayuda estatal directa.
Sin embargo, el requisito esencial para gozar de estos privilegios, consagrado en el Artículo 4°, apartado III de la Ley 27.506, es «mantener y/o incrementar su nómina de personal». Según la AGC, Globant ha violado sistemáticamente esta cláusula, desvirtuando el propósito primario de la legislación, que es la generación de puestos de trabajo.
Ezequiel Tosco, Secretario General de la AGC, fue categórico al respecto: «Una empresa no puede usar fondos públicos para su ‘colchón’ financiero mientras deja a cientos de informáticos sin trabajo. Los subsidios fueron otorgados bajo la promesa de crear y sostener empleo de calidad, no para financiar crisis corporativas y despidos. Esto es un fraude primero a los trabajadores, a la ciudadanía y un abuso del Estado«.
Las Pruebas: 453 Puestos de Trabajo Eliminados
La denuncia de la Asociación Gremial de Computación no se basa en conjeturas, sino en un informe que presenta pruebas documentales sobre la constante reducción de la plantilla de personal. El informe, basado en datos de acceso público, reveló que el personal promovido por Globant se redujo en 453 puestos de trabajo entre enero y julio de 2025.
Esta masiva reducción se considera una violación directa, ya que excede los márgenes de excepción permitidos por la normativa, la cual estipula un plazo de 60 días para cubrir las bajas. La maniobra, según la óptica sindical, convierte la ayuda estatal en una simple «ayuda de caja» destinada a proteger los márgenes de ganancia en lugar de fomentar la inclusión laboral.
Consecuencias Millonarias: El Temido “Clawback”
El incumplimiento de este requisito vital podría desencadenar las sanciones más severas para la multinacional, conocidas en la jerga fiscal como «Clawback» (restitución). De comprobarse el fraude por parte de la Autoridad de Aplicación (la Subsecretaría de Economía del Conocimiento), Globant podría enfrentar:
- Revocación de su inscripción y la pérdida automática de todos los beneficios fiscales.
- La devolución retroactiva de la totalidad del Bono de Crédito Fiscal utilizado desde el momento del incumplimiento (el 70% de las contribuciones patronales).
- La restitución de los montos correspondientes a la reducción del Impuesto a las Ganancias.
- El pago de multas e intereses acumulados sobre toda la deuda fiscal.
El sindicato advierte que esta deuda, acumulada durante los años de vigencia del régimen, alcanzaría una cifra monumental, afectando severamente el balance de la compañía y potencialmente constituyendo, incluso, un delito de naturaleza federal por la distorsión en la asignación de fondos públicos sin causa legal.
La AGC insiste en que las empresas IT han maximizado sus ganancias amparándose en la ley, recibiendo exenciones y subsidios mientras, paradójicamente, precarizan y despiden trabajadores, operando al margen de la regulación laboral y rompiendo el «contrato social» de la Ley. Por ello, el gremio exige el inicio inmediato de una auditoría específica a la empresa, una pericia contable sobre las nóminas salariales y la presentación de la acreditación de libre deuda gremial, buscando restablecer la transparencia en un sector clave para el desarrollo económico del país.
