La medida del Gobierno de eliminar temporalmente los derechos de exportación para cereales y oleaginosas, buscando un rápido ingreso de divisas, generó un escándalo en el sector agroindustrial. Dirigentes aceiteros acusan a las grandes cerealeras de haberse anticipado a la publicación oficial, concretando compras masivas de soja a precios ventajosos antes de que el beneficio llegara a los productores. La maniobra, que duró apenas 48 horas, permitió a un puñado de empresas acaparar el cupo de $7.000 millones, generando una ganancia extraordinaria de hasta $1.500 millones de dólares y dejando al Estado sin recaudación clave.
La decisión del Poder Ejecutivo, comunicada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 682/25, de establecer retenciones cero a las exportaciones de granos y subproductos hasta el 31 de octubre o hasta agotar un cupo de $7.000 millones, desató una fuerte controversia en el sector agroexportador. Lo que fue anunciado como un intento por calmar la volatilidad cambiaria y aumentar las reservas del Banco Central se transformó rápidamente en un foco de denuncias por presunta especulación.
Acusación Directa: “Evidentemente las empresas sabían”
La principal alarma fue encendida por el sector de los trabajadores aceiteros. Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotador de Algodón y Afines (FTCIODyARA), denunció públicamente una maniobra de anticipación por parte de las grandes cerealeras.
Según Yofra, hubo un volumen inusualmente alto de compras de soja días antes de que se oficializara la medida en el Boletín Oficial. «Se apuraron a comprar [granos] y obviamente ahora van a vender mucho más de lo que compraron”, afirmó el dirigente, sugiriendo que las empresas contaban con información privilegiada sobre la quita de retenciones.
Este dato fue respaldado por reportes de una logística «infrecuente para la época del año» en los puertos, con un flujo de camiones de soja que superaba ampliamente las cifras normales fuera de la temporada alta.
El Beneficio para un Puñado de Exportadoras
La ventana de retenciones cero, ideada para acelerar la liquidación de divisas, se cerró abruptamente tras solo dos días, el 24 de septiembre, luego de que las empresas cubrieran el cupo de $7.000 millones.
El análisis de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) mostró que la inmensa mayoría de las registraciones fue realizada por un puñado de grandes exportadoras. Según distintas fuentes, apenas siete empresas cubrieron casi el 90% del cupo total. Entre las más beneficiadas se mencionan a Bunge, LDC (Louis Dreyfus Company), COFCO, Viterra y Cargill.
La ganancia de la maniobra es cuantiosa. Al declarar exportaciones sin la carga de las retenciones (que para la soja rondaban el 30% antes de la medida), las empresas habrían obtenido una ventaja financiera estimada entre $1.500 y $2.000 millones de dólares.
El Campo Quedó Afuera y Crece el Malestar
La rapidez con la que se agotó el cupo de $7.000 millones impidió que el beneficio de las retenciones cero llegara a los productores medianos y pequeños, quienes no tuvieron tiempo de planificar sus ventas y quedaron fuera de la ventana de oportunidad.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se sumó a las críticas, cuestionando la velocidad de la operatoria: “¿Cómo puede ser que la exportación haya emitido tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero?”
El malestar es profundo, ya que la medida profundiza la concentración en el negocio agroexportador. Además, las cerealeras liquidaron divisas por ventas registradas sin necesariamente tener todo el grano físico en su poder, lo que obliga al productor a vender en condiciones desfavorables a la exportadora, que ya aseguró su negocio.
Algunas voces dentro del sector, incluyendo a miembros de la Mesa de Enlace, calificaron la operación como una «estafa» o un «negocio para pocos», señalando que se replicó un mecanismo especulativo ya cuestionado en el pasado, que había llevado a la sanción de la Ley Martínez Raymonda (Ley 21.453) para regular las Declaraciones Juradas.
Impacto Fiscal y Financiero
Desde la perspectiva del Estado, la medida logró el objetivo de un ingreso extraordinario de divisas en un momento de tensión financiera, al garantizar los $7.000 millones en liquidaciones en el corto plazo, crucial para sostener el tipo de cambio y reforzar las negociaciones con organismos internacionales como el FMI.
Sin embargo, el costo fiscal es significativo, estimándose una pérdida de recaudación por derechos de exportación de entre $1.500 y $1.800 millones de dólares. La oposición cuestionó duramente la medida, señalando que representa una transferencia de recursos del Estado y los productores hacia las grandes corporaciones.
La polémica ahora se centra en si hubo o no un acuerdo previo y si se violaron procedimientos, lo que podría derivar en futuras investigaciones y acciones legales, mientras el mercado espera ver cómo se materializan las exportaciones y si el campo se volcará a la venta de su stock de soja ($9.300 millones de dólares de la cosecha 2024/25) ante el nuevo esquema de precios y retenciones que volvió a regir tras agotarse el cupo.
