Ceferina Garzilazo asegura vivir una situación de violencia sostenida desde hace dos años. Afirma que realizó múltiples denuncias, que existen medidas de restricción incumplidas y que teme por su integridad y la de su familia.
Una grave situación de conflictividad vecinal mantiene en vilo a una mujer que reside en un complejo de departamentos ubicado a pocos metros de la plaza Rivadavia, en pleno centro de Bahía Blanca. Se trata de Ceferina Garzilazo, quien denunció ser víctima de amenazas, agresiones físicas, hostigamiento y daños por parte de una vecina, en un conflicto que se arrastra desde hace al menos dos años y que, según afirma, se volvió cada vez más violento.
Garzilazo aseguró que realizó numerosas denuncias ante distintas dependencias judiciales y policiales, aunque sostiene que no obtiene respuestas efectivas. La situación
«No sé más adónde ir ni qué hacer. Tengo miedo por mí y por mi familia«, expresó la mujer, quien decidió hacer pública su situación ante la falta de soluciones.
Amenazas, escraches y daños
Según relató, su vecina —a quien identificó como Romina Cajaravilla— la habría amenazado de muerte en reiteradas oportunidades. Incluso, una de esas amenazas quedó registrada en un audio grabado por su hijo.
«Publicó mi número de teléfono y usó fotos mías de Facebook en páginas de tipo sexual, me escribió cosas en la puerta de mi casa y me cortó internet«, denunció Garzilazo, quien remarcó que los episodios de hostigamiento no se limitaron a lo verbal.
En una de las amenazas más graves, la mujer afirmó haber sido intimidada con frases explícitas y violentas que incluían referencias a armas y dinero para contratar a terceros, lo que incrementó su temor y la llevó a extremar cuidados.
Un conflicto que comenzó por un problema cloacal
De acuerdo al testimonio de la denunciante, el origen del conflicto se remonta a 2023, cuando surgió una disputa económica vinculada a problemas cloacales en el edificio.
«Ella vive en el último departamento y yo en el anterior. Dice que yo tapé las cloacas con un tampón o una toallita, algo que ni siquiera uso», explicó Ceferina, quien aseguró que la acusación carece de fundamento.
Ese mismo año, según relató, se produjo un primer episodio de violencia física, cuando su vecina la empujó y se generó un forcejeo. «Ella me denunció a mí», afirmó.
Escalada de violencia y denuncias cruzadas
El relato de Garzilazo da cuenta de una Escalada sostenida. En julio del año pasado, aseguró que su vecina la esperó en un pasillo del edificio y la amenazó con un objeto punzante apoyado en el cuello.
«Me clavó algo como un rompemuelas para amenazarme. Yo no reaccioné porque no quiero tener más problemas, pero se enloqueció: me arrancó internet, las mangueras del aire, todo», detalló.
La situación alcanzó un punto crítico el 21 de agosto, cuando —según su versión— fue atacada en la entrada de su casa. «Me agarró del cuello y me golpeó.
Sin embargo, aseguró que el procedimiento terminó con ella detenida, y que debió firmar un acuerdo por consejo legal para poder recuperar la libertad, pese a sostener que solo se defendió. «Todavía estoy firmando por algo que no hice», afirmó.
Restricciones que no se cumplen y pedido de ayuda
Garzilazo indicó que la Justicia dictó al menos tres medidas de restricción contra su vecina, aunque denunció que no se cumplen.
«Estoy cansada de denunciar y que no pase nada. Fui a Moreno 25, me mandan a la comisaría Segunda, me tienen horas y no pasa nada. No puedo pagar un abogado y no sé adónde recurrir», concluyó.
Mientras tanto, tomó medidas por cuenta propia: instaló cámaras de seguridad, envió a su hijo mayor a vivir temporalmente con su padre y hasta debió dejar un trabajo por temor a represalias.
