La compañía bonaerense, que llegó a procesar 250.000 litros de leche diarios, estaba paralizada desde septiembre y en manos del grupo venezolano Maralac. La resolución judicial de Mercedes deja sin empleo a 140 trabajadores que mantenían un acampe en reclamo de soluciones, marcando otro duro revés para el sector productivo.
La historia de más de siete décadas de La Suipachense, una de las marcas más icónicas de la industria láctea en la provincia de Buenos Aires, llegó a su fin de manera definitiva. El Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes decretó la quiebra de la firma, que operaba bajo la razón social Lácteos Conosur S.A. y tenía su planta en la localidad de Suipacha. La decisión judicial no solo pone un punto final a la trayectoria de la empresa, sino que también deja en la calle a unos 140 trabajadores que, desde el inicio de la crisis en septiembre, venían luchando por la reactivación productiva.
La quiebra de La Suipachense se inscribe en una compleja situación que afecta al sector lácteo y a las empresas controladas por el grupo venezolano Maralac. La misma semana pasada, la Justicia había decretado la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), otra firma bajo el control de Maralac y fabricante de postres y yogures de la tradicional marca SanCor, como Shimy, Sublime y Yogs.
El proceso que culminó en la quiebra
La crisis de La Suipachense se había agudizado drásticamente en los últimos meses. La empresa, que alguna vez procesó un cuarto de millón de litros de leche por día, despidió a nueve empleados administrativos y advirtió sobre inminentes cesantías, lo que derivó en la parálisis total de la planta desde hace tres meses.
Ante la falta de actividad, los empleados de la láctea, con el apoyo del gremio Atilra (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) y vecinos de Suipacha y Chivilcoy, iniciaron un acampe frente al establecimiento en busca de una salida.
A fines de octubre, el Juzgado Civil y Comercial N°7 había intimado a los dueños de la compañía —los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández— a presentar un plan viable de reactivación productiva. Sin embargo, el plazo venció sin que los administradores dieran una respuesta concreta.
Esta inacción motivó el pedido de quiebra formal presentado el 27 de octubre por el abogado Julián Coronel, quien representa al gremio Atilra y a Watt’s, una de las principales acreedoras. En su escrito, Coronel advirtió sobre la «delicada y grave situación de los trabajadores» y la imposibilidad de retomar las operaciones.
Las consecuencias de la resolución judicial
El fallo del Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes es categórico. Además de la quiebra, la Justicia dispuso:
- Inhabilitación definitiva de la compañía Lácteos Conosur S.A.
- Clausura inmediata del establecimiento.
- Incautación de documentación y libros contables de la firma.
- Inhabilitación comercial por un año del administrador, Jorge Luis Borges León, quien además deberá solicitar autorización judicial para salir del país y entregar las llaves del predio a la sindicatura.
Esta medida se convierte en un nuevo y fuerte golpe al entramado productivo de la provincia de Buenos Aires y, en particular, a la industria láctea nacional.
Un sector estratégico en crisis
El cierre de La Suipachense se suma a una lista de bajas en un sector estratégico, que históricamente ha sido un pilar de la economía local. El fin de dos grandes empresas controladas por el mismo grupo (Maralac/Lácteos Conosur y ARSA) en tan corto tiempo deja al descubierto la fragilidad del sector, la cual se encuentra afectada por la concentración empresarial, la volatilidad económica y, en algunos casos, la gestión corporativa.
La doble quiebra de las empresas de Maralac no solo implica la pérdida de fuentes de trabajo directo para cientos de familias, sino que también afecta a productores primarios que proveían materia prima y a toda una cadena de valor logística y comercial. La preocupación ahora se centra en el futuro de los 140 empleados y en la posibilidad de que otras empresas del sector puedan absorber la producción y el personal calificado que hoy queda inactivo.
El caso de La Suipachense y ARSA resalta la necesidad de un debate profundo sobre las políticas de apoyo y regulación a un sector que es clave para la alimentación y la economía de Argentina.
