Una investigación exhaustiva de la Justicia local culminó con la detención de un hombre acusado de vender estupefacientes en una vivienda de la ciudad. La aprehensión, ejecutada por la policía, se enmarca en la constante lucha contra el narcotráfico y la Ley 23.737, con el fiscal a cargo de la causa solicitando la formalización del proceso penal.
Tras investigación, allanamiento y detención por venta de drogas
La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca, especializada en la temática de estupefacientes, logró un nuevo avance en la persecución de la venta minorista de drogas en la ciudad. Por orden del Juzgado de Garantías N.º 2, se procedió a la detención de un sujeto identificado como Matías Alejandro Sanz.
El operativo fue llevado a cabo por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca en la vivienda del imputado, ubicada en la calle Martina Céspedes al 1300. La causa se había iniciado meses atrás, precisamente el 13 de junio de 2023, momento a partir del cual el fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ N.º 19, comenzó a acumular pruebas que señalaban a Sanz como responsable de la actividad ilícita.
La detención de Sanz se efectivizó en su domicilio tras la librada orden judicial, luego de que las tareas de campo y la recolección de evidencia confirmaran la presunta comercialización de marihuana desde esa dirección.
El marco legal de la tenencia con fines de comercialización
El delito que se le imputa al detenido es la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, un agravante tipificado en la Ley Nacional de Estupefacientes, Ley 23.737. Esta normativa distingue claramente la tenencia para consumo personal, que conlleva penas mucho menores (o incluso puede ser considerada inconstitucional según algunos fallos), de la tenencia destinada al tráfico, que es la figura de mayor gravedad en este contexto.
Según el Artículo 5.º de la mencionada ley, será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y una multa económica quien, sin autorización legal, «comercialice, distribuya, almacene, transporte o tenga estupefacientes con fines de comercialización». En este caso, la investigación de la UFIJ N.º 19 se centró en demostrar que la marihuana en poder de Sanz no era para uso personal, sino que estaba destinada a la venta directa a potenciales consumidores, un punto crucial para la imputación.
La Justicia de Garantías evaluó la evidencia presentada por la fiscalía, que pudo haber incluido escuchas telefónicas, tareas de vigilancia encubierta («pasamanos»), testimonios o el propio hallazgo de elementos clave en el allanamiento, como balanzas de precisión, dinero en efectivo en billetes de baja denominación o la droga ya fraccionada.
Contexto de una lucha antidrogas sostenida
Este caso no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de esfuerzo sostenido por parte de las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca para desarticular los puntos de venta de droga al menudeo. La ciudad, y en particular zonas como el barrio Pacífico, han sido foco de diversos operativos similares en los últimos años.
Jurisprudencia reciente del Tribunal Oral en lo Criminal y Federal de Bahía Blanca, así como del fuero provincial, ha arrojado condenas significativas en causas por narcotráfico, incluyendo la desarticulación de bandas organizadas y la condena a individuos por utilizar menores en la venta de drogas, o por operar cerca de establecimientos educativos, circunstancias que la ley prevé como agravantes.
La actuación del fiscal Del Cero y la UFIJ N.º 19 se ha caracterizado por un abordaje frontal de la problemática, priorizando la interrupción de la cadena de suministro de drogas en el nivel local. La detención de Matías Alejandro Sanz es el resultado de esta política, buscando no solo el castigo del delito, sino también enviar una señal clara sobre la tolerancia cero al narcomenudeo en la región.
El hombre permanece detenido a disposición de la Justicia mientras se espera la audiencia de declaración indagatoria y el pedido de prisión preventiva por parte de la fiscalía.
