Sindicatos docentes se movilizaron por una deuda millonaria con el IPS, mientras la CGT Bahía Blanca denunció parcialidad judicial y presiones contra los trabajadores.
Este lunes 20 de abril de 2026, la provincia de Buenos Aires fue escenario de una intensa jornada de reclamos sindicales que combinó movilizaciones masivas y fuertes posicionamientos políticos frente a la justicia y el Gobierno Nacional. Las acciones, encabezadas por el sector docente y la central obrera regional, pusieron el foco en la defensa del sistema previsional y la dignidad laboral.
Reclamo docente por fondos retenidos
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), en conjunto con las organizaciones del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —AMET, FEB y UDOCBA—, realizó una concentración en las sedes distritales de la ANSES. La medida de fuerza, que en diversas localidades contó con el respaldo de AJB, CICOP y ATE, tuvo como objetivo exigir la devolución inmediata de los fondos jubilatorios pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS).
De acuerdo con las denuncias gremiales, el Gobierno Nacional mantiene una deuda que supera los 2 billones de pesos acumulada desde diciembre de 2023. María Laura Torre, Secretaria General Adjunta del SUTEBA, elevó la cifra a 2,2 billones y exigió al presidente que deje de desfinanciar a los bonaerenses. El gremio sostiene que esta retención de recursos viola la normativa vigente y encubre un intento de modificar las condiciones de acceso a la jubilación, poniendo en riesgo derechos adquiridos. Esta protesta se produjo en la antesala de una audiencia clave entre la Provincia y la Nación en la Corte Suprema de Justicia programada para el martes 21 de abril.
CGT Bahía Blanca: «Las señales del poder»
En paralelo, la Delegación Regional de la CGT Bahía Blanca emitió un documento crítico titulado «Las señales del poder». En el texto, firmado por los secretarios generales Roberto Arcangel y Carlos de Boer, la central obrera admitió que algunos integrantes realizaron acciones «no adecuadas» en protestas recientes. No obstante, justificaron que dichas respuestas surgieron ante la coacción patronal en centros de compra, donde se habrían registrado amenazas de despido y el encierro de personal para impedirles cumplir con feriados.
La central obrera dirigió sus críticas más punzantes hacia la fiscalía, acusándola de actuar con «parcialidad subjetiva» y de intentar enviar «señales políticas» que no le corresponden. «La fiscalía no está para dar señales políticas a los sindicatos», sentenciaron, al tiempo que anunciaron el ajuste de sus protocolos de actuación para evitar que las medidas de fuerza se desvíen de la defensa de la dignidad del trabajador
