El juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca, Onildo Osvaldo «Yiyo» Stemphelet, vuelve a ser el centro de una profunda controversia judicial tras revelarse que más del 90% de sus fallos que conceden libertades anticipadas a presos con condenas firmes son sistemáticamente revocados por cámaras superiores. Un informe del diario Clarín expone esta «estadística escandalosa», que no solo subraya una alarmante divergencia de criterio con las altas instancias judiciales, sino que reaviva las denuncias en curso contra el magistrado por su presunta tendencia a beneficiar a delincuentes de alta peligrosidad.
La Inédita Tasa de Revocación que Sacude a la Justicia Bonaerense
La credibilidad del sistema de justicia en Bahía Blanca se encuentra bajo un intenso escrutinio. El informe periodístico que puso el foco en el desempeño del juez de Ejecución Penal N° 1, Onildo Osvaldo Stemphelet, conocido en la esfera judicial como «Yiyo», ha desatado una ola de preocupación que trasciende las paredes de los tribunales. La estadística central es contundente e inusual: la Cámara de Apelación y Garantías y el Tribunal de Casación Penal revocan más del 90% de sus dictámenes que resuelven excarcelaciones, libertades condicionales o morigeraciones de pena.
La función del Juez de Ejecución Penal es una de las más sensibles en el engranaje judicial, ya que recae sobre él la responsabilidad de evaluar si un condenado cumple con los requisitos legales y de comportamiento para volver a la sociedad antes de cumplir su pena íntegra. Que un magistrado en este puesto vea revertidos de manera tan abrumadora sus fallos indica un patrón de conducta que no solo es anómalo, sino que es considerado por las fuentes judiciales como un peligro para la seguridad pública y un claro desacato al espíritu de la ley.
El Caso Sena: La Libertad a un Condenado por Abuso
La alarma social y judicial se encendió aún más al citar casos concretos donde el criterio del juez Stemphelet resultó notoriamente laxo. Uno de los ejemplos más resonantes fue la libertad condicional que otorgó a Ricardo Rubén Sena, de 61 años. Este individuo había sido condenado a 12 años de prisión por un delito de extrema gravedad: la violación de una niña de 12 años, que resultó en un embarazo en 2017.
La decisión del juez de Bahía Blanca de firmar la excarcelación de Sena generó una inmediata reacción de repudio, culminando en la consecuente revocación del fallo por parte de las instancias superiores. Este tipo de resoluciones, que otorgan beneficios a delincuentes con condenas firmes por delitos sexuales o violentos, es el principal motor de la alta tasa de revocación y el motivo de la preocupación de los organismos de control.
La Reacción de la Procuración y la Denuncia por 32 Casos
Ante este historial, la cúpula judicial bonaerense ha tomado medidas. La Procuración General de la Suprema Corte, liderada por Julio Conte Grand, ya había actuado contra el magistrado en el pasado, pero reabrió y amplió las acusaciones. La última presentación formal, concretada en agosto de 2024, sumó 32 nuevos expedientes de fallos cuestionados, la mayoría vinculados precisamente a la concesión de libertades a presos condenados por crímenes de alta peligrosidad.
En octubre de 2024, el Procurador General solicitó formalmente a la Suprema Corte bonaerense la licencia de Stemphelet, buscando apartarlo de su cargo de manera temporal o definitiva mientras avanzan los procesos de investigación. No obstante, y en una muestra de la complejidad y las internas del Poder Judicial, el juez se mantiene inamovible en su posición, lo que genera un interrogante sobre los posibles «padrinazgos» o intereses políticos o judiciales que podrían estar respaldando su continuidad.
El Antecedente de «Gatúbela» y el Jury de Enjuiciamiento
El actual escándalo estadístico se ve agravado por un turbulento antecedente personal que ya lo había llevado a un Jurado de Enjuiciamiento (Jury). En mayo de 2019, Stemphelet protagonizó un incidente de alto perfil mediático y judicial. Tras un encuentro íntimo con una trabajadora sexual paraguaya, conocida en los medios como «Gatúbela», el juez la denunció por un presunto robo de dinero y una tarjeta de crédito en un «privado» de la ciudad.
Las investigaciones posteriores revelaron que el magistrado habría utilizado su credencial del Poder Judicial para intimidar a la mujer e incluso habría coordinado, con ayuda de un oficial retirado, que cinco policías revisaran el departamento de la víctima sin contar con una orden judicial. La Procuración asumió la acusación por «conductas impropias» que afectaron la dignidad del cargo. A pesar de la gravedad de los hechos, el juez fue restituido en agosto de 2023 debido a que el Jurado no alcanzó la mayoría necesaria para su destitución, aunque el episodio y el apodo de «juez putañero» quedaron grabados en el imaginario colectivo y en los archivos judiciales.
La combinación de un desempeño profesional con una tasa de error sin precedentes y un historial de escándalos personales que rozan el abuso de poder judicial ha puesto a Stemphelet en una posición insostenible para muchos sectores. La sociedad y la comunidad judicial exigen que la Suprema Corte tome una determinación urgente sobre el futuro de un magistrado cuya permanencia en el cargo socava la confianza en la justicia penal.
