En medio del dolor y la conmoción por la tragedia climática que azotó Bahía Blanca, la difusión de noticias falsas en redes sociales ha generado aún más angustia y preocupación. Ante esta situación, la Justicia ha decidido tomar cartas en el asunto e iniciar una investigación para identificar y sancionar a los responsables de difundir información falsa.
La Fiscalía ha comenzado a citar a personas que aseguran haber visto «muertos no declarados» o «cadáveres escondidos» para que presten declaración como testigos bajo juramento de decir verdad. El objetivo es determinar la veracidad de estas afirmaciones y, en caso de que sean falsas, imputar a los responsables por el delito de intimidación pública.
El Artículo 211 del Código Penal establece que «será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos».
La Justicia busca evitar que la difusión de información falsa genere aún más incertidumbre y temor en la población, y garantizar que la información que se difunde sea veraz y precisa.
