La Justicia Federal cerró de manera definitiva la investigación penal iniciada para determinar si existieron delitos en la tramitación, suscripción y posterior ejecución del histórico acuerdo por un préstamo de 57.000 millones de dólares firmado en el año 2018 entre la administración de la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La resolución fue suscripta por los magistrados Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes desestimaron de forma unánime el recurso planteado por el Ministerio Público Fiscal, dejando firme el archivo de la causa que involucraba al expresidente Mauricio Macri y a sus exfuncionarios económicos, entre los que figuran Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne.
El fallo de la máxima instancia penal del país se sustentó de manera determinante en los dictámenes vertidos por el fiscal general ante la Cámara, Raúl Omar Pleé, quien sostuvo de forma taxativa que «las hipótesis presentadas por el fiscal de instrucción no se corresponden con inferencias lógicas de las constancias de la causa, obtenidas luego de una extensa investigación, y que tampoco han sido sustentadas sobre la base de alguna propuesta de medidas concretas».
En sus fundamentos técnicos incorporatedos a la resolución judicial, la fiscalía superior enfatizó que tras un prolongado desarrollo de más de cinco años de recolectar pruebas, testimonios y peritajes contables «no se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado». Sobre la mecánica del uso de las divisas ingresadas al Tesoro nacional, Pleé acotó que «no se ha indicado una infracción concreta en la aplicación de los fondos, sino que se ha planteado un cuestionamiento general a la política pública sobre su destino», razones por las cuales el representante del Ministerio Público decidió desistir de habilitar una nueva revisión del expediente.
El expediente penal buscaba originalmente establecer si el megaendeudamiento externo con el organismo multilateral de crédito había sido instrumentado de forma irregular para financiar la fuga de capitales hacia el exterior en perjuicio de las arcas del Estado público nacional. No obstante, la causa ya había sido archivada en primera instancia durante el mes de febrero de este año por el Juzgado Federal N.º 5, decisión que posteriormente fue convalidada por la Cámara Federal y que ahora adquiere el carácter de cosa juzgada tras el pronunciamiento definitivo de la Cámara de Casación.
