La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este miércoles 16 de septiembre una resolución de fuerte alcance político e institucional que exige formalmente al presidente Donald Trump retirar a las fuerzas armadas estadounidenses de las hostilidades abiertas contra la República Islámica de Irán, en el caso de que la Casa Blanca no obtenga la correspondiente autorización expresa por parte del Congreso de la Nación. La definición parlamentaria dejó al descubierto nuevas y profundas fisuras en la interna del Partido Republicano respecto a la viabilidad y continuidad de un conflicto armado que ya supera los seis meses de duración.
La medida impulsada desde el bloque opositor se consagró con un resultado final de 220 votos a favor y 204 en contra. La iniciativa contó con el respaldo unánime de los representantes de la bancada demócrata, a los que se sumaron siete legisladores del propio oficialismo republicano que decidieron romper filas con la línea fijada por el Poder Ejecutivo. Esta cifra de rebeldes dentro del partido de gobierno representó un incremento de tres bancadas en comparación con votaciones sobre la misma materia llevadas a cabo en meses anteriores.
Esta votación en el Capitolio cobra una resonancia política estratégica por el contexto del calendario electoral estadounidense, al concretarse a menos de 50 días de los comicios legislativos previstos para el próximo 3 de noviembre, fecha en la que se renovará de forma integral el control de ambas cámaras del Congreso. En este escenario, la escalada bélica en Medio Oriente se ha transformado en uno de los ejes centrales de la contienda política y de la discusión pública en todo el país.
El proyecto de resolución, impulsado de manera directa por el representante demócrata Seth Moulton, apela formalmente a los mecanismos de la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Resolution). El texto instruye de manera taxativa al presidente de la Nación a retirar de forma inmediata a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de cualquier tipo de enfrentamiento u operación de combate contra territorio o fuerzas iraníes, exceptuando únicamente aquellas acciones estrictamente defensivas que resulten indispensables para repeler un ataque inminente sobre personal o activos del país, siempre que no medie una declaración o autorización legislativa previa.
Se trata de la tercera oportunidad desde el mes de junio en que la Cámara baja aprueba una iniciativa orientada a acotar el margen de maniobra militar de Trump para prolongar las acciones bélicas sin el aval del Poder Legislativo, si bien ninguna de las propuestas anteriores logró superar la totalidad de los pasos normativos necesarios para ser promulgada o llegar al despacho presidencial.
Disidencias en el oficialismo y el impacto económico de la guerra
Sin embargo, el elemento diferenciador de esta nueva votación radica en la aceleración de los cuestionamientos internos dentro del oficialismo. A los diputados republicanos Thomas Massie, Tom Barrett, Warren Davidson y Brian Fitzpatrick —quienes ya venían acompañando las mociones para limitar las facultades bélicas del Poder Ejecutivo—, se sumaron en esta ocasión sus pares Nancy Mace, Mariannette Miller-Meeks y Zach Nunn.
Al justificar el cambio de posición de la bancada oficialista, el representante Zach Nunn expresó con dureza que «con la ventana de negociación cerrada, las operaciones de combate sostenidas ahora requieren autorización del Congreso», remarcando que no mantendrá su respaldo para la financiación de «otra guerra sin fin».
El origen del actual enfrentamiento militar se remonta al pasado 28 de febrero, fecha en la cual se iniciaron ataques coordinados de magnitud entre las fuerzas de Estados Unidos e Israel contra diversos objetivos estratégicos en Irán. Pese a que en las instancias iniciales del conflicto el presidente Trump había pronosticado una campaña militar breve y acotada, los combates y los intercambios de represalias con misiles se prolongaron durante casi siete meses, frustrando incluso los intentos de tregua o alto el fuego que se evaluaron a lo largo del año.
A las críticas políticas se sumaron en las últimas semanas las proyecciones presupuestarias. Un reciente informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que las operaciones militares contra Irán han demandado hasta comienzos del mes de agosto un costo directo aproximado de 38.000 millones de dólares para las arcas públicas estadounidenses, proyectando que la continuidad del conflicto representará un gasto adicional de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por cada mes que se mantengan desplegadas las tropas.
El futuro parlamentario y la postura de la Casa Blanca
Desde la Casa Blanca, la administración Trump defiende la legalidad de las acciones bélicas al sostener que el mandatario dispone de atribuciones constitucionales plenas en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para conducir las operaciones de seguridad exterior. Por el contrario, los impulsores de la resolución en el Capitolio remarcan que la Constitución establece de forma inequívoca que la conducción de un conflicto bélico prolongado en el tiempo requiere el consentimiento expreso y la votación del Congreso.
A pesar de la aprobación conseguida en la Cámara de Representantes, la resolución enfrenta ahora un panorama de alta incertidumbre en el Senado de los Estados Unidos. Un antecedente similar aprobado por la Cámara baja en julio no logró prosperar en la Cámara alta, mientras que un intento previo de los senadores por limitar las partidas presupuestarias terminó siendo revertido en posteriores negociaciones entre bloques.
Finalmente, aun en el hipotético escenario de que el Senado ratifique el texto aprobado por la Cámara de Representantes, la conducción política en Washington da por descontado que Donald Trump recurrirá de forma inmediata al uso del veto presidencial para bloquear la norma y mantener las operaciones militares sin condicionamientos parlamentarios.
