El Gobierno definió un cronograma para intentar convertir en ley la reforma laboral antes del inicio de las sesiones ordinarias. Apunta a llevar el proyecto al recinto entre el 10 y el 12 de febrero y busca sumar apoyos clave entre bloques dialoguistas, mientras la CGT mueve fichas para frenar o moderar el alcance de la iniciativa.
El Gobierno nacional aceleró en las últimas horas las gestiones políticas y parlamentarias para lograr la aprobación de la reforma laboral en el Senado antes del inicio del período ordinario de sesiones. La estrategia oficial contempla llevar el proyecto al recinto de la Cámara Alta entre el 10 y el 12 de febrero, para lo cual el Ejecutivo evalúa convocar a un nuevo período de sesiones extraordinarias a partir del lunes 2 de febrero.
Con una bancada propia de 21 senadores, La Libertad Avanza necesita reunir al menos 16 voluntades adicionales para alcanzar el quórum de 37 legisladores que habilite el debate. En ese escenario, la figura central será Patricia Bullrich, quien lidera el interbloque oficialista y preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social, desde donde defenderá el texto en el recinto.
Negociaciones contrarreloj y ajustes al dictamen
El plan de acción del oficialismo contempla, en una primera etapa, el trabajo de una comisión técnica coordinada por la abogada Josefina Tajes, que comenzará a recopilar los pedidos de modificaciones impulsados por sectores de la UCR, el PRO y la CGT. El objetivo es ordenar las sugerencias y evitar cambios de último momento durante la votación en el Senado.
En paralelo, Bullrich iniciará desde el 26 de enero una ronda de reuniones cara a cara con los jefes de los bloques opositores considerados dialoguistas. El foco estará puesto en sumar apoyos entre los diez senadores radicales, los tres del PRO y legisladores provinciales que responden directamente a sus gobernadores.
Desde el oficialismo reconocen que el margen de maniobra es acotado, aunque aseguran que algunos bloques del interior ya habrían comprometido su acompañamiento a la iniciativa. Según deslizan en el Senado, esos respaldos responderían a acuerdos políticos previos que exceden el contenido específico del proyecto.
Agenda institucional y tensiones internas
El cronograma legislativo también está condicionado por la agenda institucional. El Ejecutivo podría habilitar las sesiones extraordinarias desde fines de enero o directamente desde el 2 de febrero, con posibilidad de extenderlas hasta fin de mes. El 1° de marzo, el presidente Javier Milei concurrirá al Congreso para inaugurar el período ordinario de sesiones.
Mientras se pulen los cambios al dictamen de mayoría firmado en diciembre, el oficialismo deberá definir la estrategia para defender las modificaciones en el recinto. Bullrich será la miembro informante, un rol clave en una discusión que se anticipa extensa y con fuerte contenido político.
En paralelo, se registran tensiones internas en el Congreso. La reciente designación de Manuel Ignacio Chavarría, prosecretario de Coordinación Operativa del Senado, como autoridad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, generó malestar debido a que solicitó una licencia “ad honorem” sin renunciar a su cargo, manteniendo estructura y personal bajo su órbita en la Cámara Alta.
La CGT busca frenar o moderar la reforma
En simultáneo al avance del oficialismo, la CGT activó una estrategia territorial para intentar frenar o suavizar el contenido de la reforma laboral. Dirigentes sindicales comenzarán a recorrer provincias y a reunirse con gobernadores para persuadirlos de que sus senadores no acompañen la iniciativa o impulsen cambios en los artículos más cuestionados.
Desde la central obrera señalaron que el foco está puesto en la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, que obligan a garantizar servicios mínimos durante los paros, y en la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Este último punto podría derivar en acuerdos por empresa en lugar de convenios sectoriales, una situación que —según el sindicalismo— debilitaría el poder de negociación gremial.
La ofensiva sindical replica, aunque en sentido inverso, las gestiones que viene realizando el ministro del Interior, Diego Santilli, quien recorre distintas provincias para sumar consensos en torno a la denominada “modernización laboral”.
