En una fuerte réplica al Poder Ejecutivo Nacional, los legisladores nacionales Maximiliano Abad (Senador Nacional UCR) y Karina Banfi (Diputada Nacional UCR) han manifestado su firme intención de sostener la Ley 27.790 en el Congreso, una normativa clave para la reconstrucción de Bahía Blanca y las zonas afectadas por el devastador temporal del pasado 7 de marzo. La ley, que fue vetada por el Gobierno Nacional, había sido aprobada por unanimidad en el Senado y con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados.
Los referentes de la Unión Cívica Radical enfatizaron que cuentan con la «fuerza parlamentaria, los argumentos y el sentido común» para defender este marco legal. Subrayaron que la Ley 27.790 es el resultado de un «gran acuerdo multipartidario» y representa una respuesta institucional ante una situación catastrófica que aún golpea a la comunidad bahiense.
Abad y Banfi desestimaron la idea de que la ley se superponga con el Decreto 238/25 del Poder Ejecutivo. Por el contrario, argumentaron que la ley posee una «mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio» al no limitarse a las urgencias inmediatas, sino que busca ofrecer «soluciones estructurales». Según los legisladores, el Fondo Especial contemplado en la ley está diseñado específicamente para reconstruir la infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, aspectos que, señalan, no están previstos en el decreto presidencial.
Otro punto crucial que resaltaron es que la Ley 27.790 incorpora el control parlamentario sobre las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo. «No estamos dispuestos a resignar la rendición de cuentas y la transparencia, dos aspectos centrales de la democracia representativa», afirmaron los legisladores, haciendo hincapié en la importancia de la supervisión sobre los fondos y las medidas adoptadas.
Desde el ámbito parlamentario, la postura es clara: «La emergencia en Bahía Blanca no terminó». Abad y Banfi insistieron en que «aún queda mucho por hacer para que miles de vecinos recuperen la normalidad» y que la ciudad necesita «obras y trabajo». En este contexto, se mostraron convencidos de que las políticas públicas transformadoras se construyen a través del diálogo y la coordinación entre los distintos poderes de la República.
La decisión de sostener la ley en el Congreso Nacional, tal como lo expresaron los legisladores, se fundamenta en la convicción de que «defender la institucionalidad es la mejor manera de ayudar a Bahía Blanca», reafirmando el compromiso del arco político de impulsar soluciones concretas y transparentes para la recuperación de la ciudad.
