A pesar de que el Gobierno Nacional afirma que más del 85% de los inscriptos al subsidio SUR ya cobraron, casi 4.000 casos siguen en evaluación y más de 1.500 personas fueron directamente rechazadas. Estas cifras surgen en medio del veto presidencial a la ley de emergencia para Bahía Blanca y Coronel Rosales, que buscaba un fondo especial y medidas de asistencia más amplias.
Mientras la ciudad de Bahía Blanca y sus alrededores continúan recuperándose de la trágica inundación del 7 de marzo, la implementación del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) genera un panorama mixto. Si bien el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, informó este martes que el 85,4% de los beneficiarios ya recibieron el subsidio, un número significativo de damnificados aún se encuentra en un limbo administrativo.
Según detalla el Decreto 424/2025, el mismo que oficializó el veto presidencial a la Ley 27.790 de emergencia, de los 37.546 inscriptos al programa SUR, 32.076 personas accedieron al cobro. Sin embargo, 3.962 expedientes aún están en evaluación por parte del Ministerio de Seguridad, la autoridad de aplicación. De este grupo, 2.092 personas deben presentar documentación adicional o subsanar errores en sus trámites, para lo cual se ha diseñado un «camino de subsanación», aunque sin plazos específicos.
La situación es más compleja para aproximadamente 1.500 solicitantes, el 4.01% del total, cuyos pedidos fueron directamente rechazados. Estos datos se dan a conocer en un contexto de crecientes críticas por las demoras en la asistencia, que ya han provocado protestas y acampes en Ingeniero White y otros barrios bahienses afectados, manifestando el descontento de los vecinos.
Veto Presidencial a la Ley de Emergencia Agrava el Escenario
La información sobre el subsidio SUR emerge en simultáneo con la decisión del presidente Javier Milei de vetar por completo la Ley 27.790. Esta normativa, sancionada por el Congreso el pasado 4 de junio, buscaba declarar la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales por 180 días, estableciendo una serie de medidas de asistencia financiera integral para los damnificados.
El veto, formalizado el lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 424/2025, argumenta que las medidas propuestas en la ley ya fueron abordadas por el Decreto 238/25, que dio origen al programa SUR. No obstante, el proyecto vetado, impulsado por senadores bonaerenses, era mucho más abarcador. Contemplaba la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos, exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y líneas de créditos blandos a través del Banco Nación.
La decisión presidencial y los datos sobre la gestión del subsidio SUR subrayan la persistencia de desafíos para los miles de bahienses que aún luchan por recuperar la normalidad tras la devastadora inundación de marzo.
