En un operativo coordinado por la UFIJ N° 20, la justicia secuestró dispositivos electrónicos en una vivienda ubicada en calle Italia al 700. La causa se inició por un reporte del organismo internacional NCMEC tras la detección de videos con contenido de abuso.
La justicia bahiense dio un paso fundamental en una investigación por producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). Este martes, bajo las directrices de la UFIJ N° 20, encabezada por el fiscal Rodolfo De Lucia, se llevó a cabo un allanamiento en la localidad de Tornquist, con el objetivo de recolectar evidencia digital determinante para el avance del expediente.
El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N.º 3, tuvo lugar en un domicilio de la calle Italia al 700. Personal especializado de Cibercrimen Región Interior Sur irrumpió en la vivienda, donde se logró el secuestro de dos teléfonos celulares. Estos dispositivos serán sometidos a peritajes técnicos exhaustivos para determinar el alcance de las maniobras delictivas y la posible existencia de más material prohibido.
El origen de la investigación: un alerta global
El caso no surgió de forma aislada, sino que se enmarca en la red de control internacional que monitorea las plataformas digitales. El expediente se inició formalmente en junio de 2024, tras la recepción de un reporte del NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children).
Dicha organización, con sede en Estados Unidos, emitió un alerta sobre un usuario de la red social Facebook que había compartido contenido de explotación sexual infantil. Según los informes técnicos, el video denunciado mostraba a una niña menor de 13 años siendo víctima de abusos por parte de un adulto. Al confirmarse que el incidente se originó en la jurisdicción, la información fue remitida a la fiscalía local para iniciar las tareas de campo que culminaron en el operativo de esta semana.
Cooperación y prevención
Este tipo de procedimientos subraya la importancia de los convenios internacionales de cooperación entre empresas tecnológicas y organismos de seguridad. La trazabilidad de los datos en redes sociales permite identificar direcciones IP y ubicaciones físicas, facilitando la intervención de la justicia en casos de extrema vulnerabilidad de los derechos del niño.
Por el momento, la fiscalía continúa con el análisis de los elementos secuestrados mientras se aguardan los resultados de los laboratorios forenses digitales, piezas clave para sostener la acusación penal en las próximas etapas del proceso judicial
