La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) rechazó con dureza el reciente acuerdo salarial para el sector mercantil, firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAECyS) y las principales cámaras empresarias. La entidad denuncia que la paritaria incluye «costos ocultos» y aportes obligatorios abusivos que, al encarecer la actividad, «empujan a la informalidad» y se trasladan a precios. Los mayoristas exigen una reforma laboral «urgente» que elimine estas cargas no salariales y demandan al Secretario de Trabajo, Julio Cordero, ser incluidos en la mesa de negociación de la que hoy se sienten excluidos.
La polémica se desató luego de que las cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA) y el sindicato liderado por Armando Cavalieri, firmaran un nuevo acuerdo salarial para el gremio más grande del país, que nuclea a más de 1,2 millones de trabajadores. Si bien el acuerdo establece una suma fija no remunerativa de $100.000 (combinando un nuevo tramo de $60.000 con $40.000 ya pactados) a pagar entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, la protesta de los mayoristas no se centra en el monto salarial directo, sino en los mecanismos de financiamiento que se actualizan automáticamente con cada revisión.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advierte que estos «costos extra» impactan de lleno en el margen de rentabilidad de las Pymes y en la competitividad, en un contexto económico de profunda caída en el consumo.
El conflicto de intereses detrás de la capacitación
El epicentro del malestar radica en la figura del Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). Según CADAM, cada empleador del sector mercantil debe realizar un aporte equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador.
El cuestionamiento se vuelve más grave al señalar que los fondos de esta contribución obligatoria se redirigen en gran parte a la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) con el propósito de financiar capacitación y el fortalecimiento institucional. La acusación de los mayoristas es directa y apunta a un claro conflicto de intereses: «Con cada aumento paritario, se autobenefician con mayor recaudación, porque son precisamente los que participan de la mesa paritaria», sostuvieron en un comunicado.
Esta contribución, que se ajusta con el salario, es una caja que se estima mueve más de $30 mil millones al año, un monto que, según los denunciantes, no se traduce en beneficios directos ni para los trabajadores (muchos de los cuales no acceden a la capacitación) ni para los empleadores que no están afiliados a las cámaras que negocian.
El freno a la desregulación de Sturzenegger
El intento del Poder Ejecutivo por desmantelar estos aportes compulsivos había quedado plasmado en el Decreto 149/2025, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Dicho decreto establecía que las Convenciones Colectivas de Trabajo ya no podrían imponer cargas económicas en beneficio de cámaras empresariales u otras agrupaciones a cargo de empleadores no asociados. La medida buscaba justamente eliminar la obligatoriedad de financiar a entidades de las que no se forma parte.
Sin embargo, la disposición quedó en suspenso luego de una medida cautelar presentada por el propio INACAP. El instituto argumentó ser un organismo independiente de las cámaras y, por lo tanto, no estar alcanzado por la desregulación. Esta maniobra legal logró mantener vigente la contribución obligatoria, neutralizando una de las principales herramientas del Gobierno para transparentar los costos laborales en el sector.
Aportes solidarios que persisten a pesar del tiempo
Más allá de la controversia con INACAP, CADAM también señaló otros conceptos que, a pesar de su origen o propósito inicial, continúan sumando presión al costo laboral.
Un ejemplo es el seguro complementario de retiro La Estrella, que representa un aporte del 1,6% del salario del trabajador desde junio de 2025. Otro caso paradigmático es la Contribución Solidaria por COVID-19 que recauda la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC). Esta contribución, implementada en abril de 2021 en plena pandemia, sigue vigente hasta la fecha. Los mayoristas destacan que este monto se cobra por empleado, incluso cuando el trabajador no está afiliado a OSECAC, demostrando que es una carga parafiscal cuyo destino y necesidad en el contexto post-pandemia resulta, cuando menos, cuestionable.
La exigencia de participar y la crítica a la Secretaría de Trabajo
Frente a esta coyuntura, CADAM redobló su pedido de ser incorporado a la mesa paritaria, alegando que es el único camino para garantizar una representación genuina del sector. «No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte», expresaron con contundencia.
La crítica apuntó directamente al titular de la Secretaría de Trabajo, Julio Cordero. «No entendemos por qué el Secretario de Trabajo, Julio Cordero, no nos deja sentar en la mesa paritaria», manifestaron los mayoristas. Este reclamo subraya una interna política y gremial, donde los mayoristas se ven obligados a acatar acuerdos negociados por cámaras (CAC y CAME) con las que mantienen diferencias y cuyas entidades satélites son las beneficiarias directas de las cargas cuestionadas.
La principal demanda de CADAM, en este contexto, es una reforma laboral urgente que aborde la composición del salario de fondo, resguardando tanto a los empleados como a las Pymes. Los mayoristas exigen que se eliminen estos «abusos institucionalizados» y que esos importes pasen a formar parte del salario del trabajador, transparentando el verdadero costo laboral e incentivando la formalización del empleo. La entidad advierte que mientras estos mecanismos persistan, el costo de la actividad continuará encareciéndose, afectando negativamente el precio final que paga el consumidor.
