Exigencia parlamentaria a Vialidad Nacional
La diputada nacional Lourdes Arrieta ingresó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación que intima al Poder Ejecutivo Nacional a brindar precisiones sobre la Red Vial Nacional en la Provincia de Mendoza. El requerimiento establece un plazo de 30 días para que la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Economía detallen el estado de conservación, el nivel de ejecución presupuestaria, las obras paralizadas y las previsiones de mantenimiento correspondientes a los ejercicios 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026.
La iniciativa abarca diez rutas nacionales estratégicas para la conectividad del país: las RN 7, 40, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 153 y 188. Respecto de cada una de ellas, la legisladora solicita conocer la fecha del último relevamiento técnico, los kilómetros que presentan baches, deformaciones o deterioro de calzada, y el estado de puentes, alcantarillas y señalización.
El estado de la Ruta 7 y la situación crítica en Malargüe
Entre los corredores prioritarios, el documento hace foco en la Ruta Nacional N° 7, eje del comercio bioceánico. Se exige un informe detallado sobre las condiciones del tramo de Alta Montaña y el acceso al Paso Internacional Cristo Redentor, solicitando el plan de intervenciones necesarias para garantizar la transitabilidad y la seguridad vial durante todo el año.
Por su parte, sobre la Ruta Nacional N° 40 se demanda un relevamiento integral que abarque el norte provincial, el Gran Mendoza, el Valle de Uco y el sur mendocino. El proyecto rescata el expediente 2236-D-2026 para solicitar datos puntuales sobre el tramo comprendido entre el Paso del Planchón y Alfonso Capdeville, en el departamento de Malargüe. Para dicho sector —clave para la actividad minera, energética, ganadera y turística— se pide conocer el estado del proyecto ejecutivo, contratos vigentes, causas de las demoras y el cronograma previsto para la concreción de las obras.
La controversia del SISVIAL: $1,5 billones recaudados y subejecución
Uno de los ejes centrales de la presentación radica en el manejo económico del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), alimentado por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (Ley N° 23.966 y decretos reglamentarios 301/2018 y 526/2024).
De acuerdo con balances contables y documentación oficial citados en los fundamentos, entre el año 2024 y mayo de 2026 el SISVIAL acumuló cerca de $1,503 billones. Sin embargo, apenas $394.406 millones fueron aplicados a su finalidad específica de infraestructura y mantenimiento, lo que representa una subejecución estimada en el 73,8%.
El texto advierte además que, al 31 de mayo de 2026, un total de $1,001 billones permanecían invertidos en instrumentos financieros (plazos fijos y títulos públicos) y otros $37.761 millones en cuentas corrientes. En la iniciativa se hace referencia a declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, respecto al uso de parte de estos fondos dentro de la estrategia de equilibrio fiscal del Ministerio de Economía.
Convenio con Mendoza y reclamo por seguridad vial
El pedido de informes subraya el desequilibrio federal que afronta la provincia. Ante la paralización de obras nacionales —como las de los puentes en la Ruta 40 a la altura del Valle de Uco o la doble vía Mendoza-San Juan—, el Gobierno de Mendoza debió asumir tareas de mantenimiento con recursos propios.
Al respecto, se cita el convenio firmado el 14 de mayo de 2025 entre Vialidad Nacional y la provincia, mediante el cual se le cedió a Mendoza la potestad de conservar tramos de las RN 7, RN 40 y RN 143 «a su propio costo y sin reembolso». Paralelamente, se toma como referencia una simulación del estudio Galois que calcula que, si el 35,44% del impuesto a los combustibles con destino específico se hubiese coparticipado, Mendoza habría recibido $31.590 millones adicionales solo entre enero y julio de 2026.
Finalmente, el proyecto demanda a la Agencia Nacional de Seguridad Vial el registro oficial de siniestros viales, fallecidos y heridos reportados en las rutas nacionales de la provincia entre 2024 y 2026, con el fin de determinar en qué medida las deficiencias de infraestructura y la falta de mantenimiento actuaron como factores de riesgo en la accidentología vial.
