El escenario judicial y político nacional sumó un capítulo de máxima tensión institucional luego de que el reconocido abogado Gregorio Dalbón formalizara ante los tribunales un pedido de detención contra el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y el director de la misma entidad bancaria, Juan Curutchet. La presentación se enmarca en la compleja investigación penal que se instruye a raíz de las operaciones financieras con derivados de oro efectuadas por el Banco Central a lo largo del año 2025, un manejo patrimonial que ha generado profundos cuestionamientos y peritajes contables sobre el destino de los activos del Estado.
Al fundamentar los motivos de la presentación judicial en declaraciones brindadas a medios televisivos, el letrado precisó que las operaciones con el oro del Banco Central deben ser investigadas de manera inexcusable bajo figuras penales de extrema gravedad institucional. Entre los delitos invocados se encuentran la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública —contemplada en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal—, el delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 248, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el artículo 249, sin perjuicio de otras calificaciones jurídicas que puedan desprenderse de las pruebas recolectadas en el transcurso de la investigación. En la misma línea argumental, Dalbón añadió una imputación de mayor envergadura al sostener que se investigue la posible comisión del delito de asociación ilícita, sindicando al ministro Luis Caputo como el presunto jefe de la organización, y remarcó que será tarea exclusiva de la Justicia determinar con precisión los delitos imputables y el grado de responsabilidad penal de cada uno de los involucrados en el caso.
Consultado sobre el destino actual de las reservas de oro y el estado procesal de la causa, el abogado señaló directamente al juez federal Ariel Lijo y al fiscal federal para que profundicen las medidas de investigación necesarias, manifestando su confianza en que la ampliación de la denuncia y el pedido formal de detención presentado contra Bausili y Curutchet sean tomados con la máxima rigurosidad por el magistrado interviniente. Si bien reconoció que formalmente no existe un peligro inminente de fuga por parte de los funcionarios imputados, Dalbón argumentó que se encuentra fehacientemente comprobado que los involucrados incurrieron en maniobras de obstrucción a la justicia, basándose en los hallazgos y en la lectura del examen técnico efectuado en la auditoría interna. Según enfatizó el letrado, quedó demostrado que los funcionarios mintieron en los informes de la auditoría presentada ante los organismos de control.
De acuerdo con los datos técnicos y contables que respaldan la presentación judicial, el informe elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) registró un resultado negativo extraordinario de 1.023 millones de dólares en el marco de las operaciones con derivados sobre el oro, lo cual implicó significativos egresos de divisas para la entidad monetaria. El escrito detalla que el Banco Central concertó instrumentos derivados liquidables en dólares con supuestos fines de cobertura, constatándose que al finalizar el ejercicio 2025 la institución ya no mantenía posiciones abiertas de esa naturaleza en su cartera de activos.
El desglose contable incluido en la denuncia precisa que dicho resultado negativo global se conforma de 1.400.793 millones de pesos —equivalentes a 960,2 millones de dólares— anotados como pérdida neta por opciones, a lo que se suman 68.362 millones de pesos, equivalentes a 62,8 millones de dólares, en concepto de primas de opciones abonadas. Por otra parte, el documento señala que la tenencia física y contable de oro registró durante ese mismo ejercicio una ganancia formal por diferencias de cotización valuada en 8.002.500 millones de pesos, de acuerdo con los registros contables volcados en la causa.
Ante la magnitud de los perjuicios económicos alegados y las presuntas irregularidades detectadas, la presentación jurídica formalizada por Dalbón no se limitó exclusivamente al pedido de arresto de los funcionarios de primera línea. El escrito reclama de manera complementaria la imposición de estrictas medidas cautelares, entre las que se destacan la prohibición formal de salir del país para los imputados, la restricción absoluta para acceder a áreas físicas del Banco Central y del Ministerio de Economía donde se resguarde documentación vinculada directa o indirectamente con la investigación en curso, y la prohibición de mantener todo tipo de contacto o comunicación con funcionarios activos, auditores o testigos citados en la causa.
