Desde el municipio, y con la colaboración de las fuerzas policiales, buscan minimizar el impacto de la venta -y consecuente manipulación- de la pirotecnia para las Fiestas de Fin de Año en nuestra ciudad, tal como se hizo en la previa a Navidad.
El partido de Bahía Blanca, por ordenanza Nº 21.498 (promulgada en junio del año pasado), adhirió a la ley provincial 15.406, que regula el uso y la comercialización de artificios pirotécnicos.
Quiere decir que en nuestro ámbito se prohíbe «la venta al público minorista, la venta ambulante en la vía pública y el uso particular de artificios pirotécnicos y de cohetería de uso recreativo de alto impacto sonoro, cualquiera fuera su característica y naturaleza, como así también la utilización y comercialización de elementos que cuentan con mecheros que produzcan y/o trasladen llamas».
La normativa tiene por objeto proteger la salud, el bienestar de la población.
En los últimos tiempos, a partir de las limitaciones legales, cambió la mecánica de venta de este tipo de productos, situación que condiciona su localización y secuestro.
Es que antes la comercialización se daba en negocios al público, situación que permitía un mayor acceso de la Dirección General de Fiscalización municipal y las fuerzas de seguridad, y hoy se promociona a través de las redes sociales y los lugares de acopio son domicilios particulares, a los cuales no se puede acceder sin una orden judicial previa.
Por ese motivo las autoridades insistieron en difundir el teléfono 0800-666-2244, que está habilitado para realizar denuncias por casos de almacenamiento o venta ilegal de pirotecnia.
Antes de Navidad se hicieron algunos operativos, que permitieron la incautación de distinto material prohibido en nuestro distrito.
Fueron un total de 16 controles, que derivaron en tres infracciones.
Un procedimiento se hizo en una vivienda de General Daniel Cerri, mientras que los restantes se efectuaron en comercios de Ingeniero White.
«Cambio de paradigma»
Federico Montero, subsecretario de Control y Fiscalización Policial del Ministerio de Seguridad provincial, estimó que luego de la Nochebuena «se tiró pirotecnia, pero no tanto como el año pasado».
«Igual siempre es malo que tiren , mucho o poco. Y también creo que es un tema cultural de viajo arraigo, tenemos que dejar las mezquindades de lado y pensar por el otro, si esto le hace daño a los demás, deberíamos respetar la prohibición», advirtió el funcionario provincial.
Y en la misma línea comparó: «Si se dejó de fumar en espacios cerrados, deberíamos respetar la NO a la pirotecnia. Siempre pensando en que daña a los demás y por el solo hecho de que está prohibido».
Reconoció Montero que el control en este sentido «se tornó más complejo».
«La venta hoy se da en viviendas, por redes o instancia privada. Por lógica no se puede entrar a un domicilio sin orden», ratificó.
«Se hicieron y se hacen operativos en este sentido, nunca alcanza y un petardo, 19 o mil siempre es malo. Hay que empezar a pensar en el otro y no tirar más.
«Desde el ejercicio de poder del control deberemos reforzar operativos y llegar adonde no llegamos y, desde lo personal, tendremos que llegar de una buena vez a generar una cultura pura de la prevención que nos permita acatar y cumplir una norma sabiendo que, si no lo hacemos, dañamos a terceros», sostuvo.
Montero concluyó que: «Es tan sencillo como cambiar el paradigma».
Intervención judicial
El mes pasado, la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales recibió un nuevo revés en el litigio que mantiene, desde hace 5 años, con el municipio por las limitaciones en la venta de pirotecnia en el partido de Bahía Blanca.
Es que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó el rechazo a una medida cautelar que había pedido el ente empresario para que se suspenda la ordenanza 21.498, que regula esa temática.
De esa manera, los jueces de alzada, Diego Ucin y Roberto Mora, confirmaron la medida dispuesta por el juez en lo Contencioso Administrativo local, Agustín López Cóppola.
Para la cámara que nuclea a las firmas pirotécnicas, la normativa local «carece de legalidad» y «es inconstitucional».
En la apelación destacaron el peligro en la demora de la resolución, porque existe «una gravitación económica».
La Justicia marplatense sostuvo que las cautelares son preventivas y se toman en medio de una posibilidad de riesgo o estado de peligro concreto.
En ese sentido, a la luz de los parámetros enunciados, la cámara empresarial «no ha logrado demostrar» una actuación «manifiestamente antijurídica» por parte del municipio de Bahía Blanca.
