El diputado Martín Rozas presentó un proyecto para crear un Registro Provincial Único y Obligatorio. La iniciativa apunta a terminar con la precariedad laboral del sector, otorgar matrículas habilitantes y diferenciar la tarea del servicio doméstico convencional.
La atención de adultos mayores y personas con dependencia en la provincia de Buenos Aires atraviesa un vacío legal que el legislador Martín Rozas (Unión, Renovación y Fe) busca subsanar de forma definitiva. A través de un proyecto de ley integral, el «libertario dialoguista» propone la creación de un Régimen Regulatorio de la Actividad de Cuidadores Domiciliarios, una medida que impactaría directamente en miles de trabajadores que hoy operan bajo altos índices de informalidad.
El fin de la «invisibilidad» laboral
El corazón de la propuesta es la distinción clara del cuidador frente a otras categorías laborales. Según Rozas, es imperativo separar esta función del personal de casas particulares, ya que el cuidado implica una asistencia socio-sanitaria de baja complejidad que requiere formación específica.
«Es una incorporación necesaria al ordenamiento jurídico provincial para reconocer una actividad en el ámbito de la salud que hoy está invisibilizada y sujeta a la precarización», argumentó el legislador.
Registro Único y Matrícula Obligatoria
Para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de los pacientes, el proyecto estipula la creación del Registro Provincial Único, Público y Obligatorio. Este organismo tendrá la facultad de:
Otorgar matrículas habilitantes personales e intransferibles.
Fiscalizar y sancionar el incumplimiento de las normativas de cuidado.
Publicar el listado actualizado de profesionales para consulta de familias y centros de salud.
Los aspirantes a inscribirse deberán cumplir con requisitos estrictos: ser mayores de 18 años, presentar certificado de reincidencia negativo (sin antecedentes penales), acreditar aptitud psicofísica y, fundamentalmente, poseer un título o certificado de capacitación oficial
Derechos y obligaciones: Un estándar mínimo
La norma no solo busca controlar, sino también proteger. El articulado contempla el derecho de los cuidadores a percibir honorarios acordes a los valores establecidos por obras sociales y prepagas. Además, introduce la obligatoriedad para el IOMA y las empresas de medicina prepaga de contratar exclusivamente a personal registrado.
En cuanto a las funciones, el texto detalla tareas de higiene, alimentación, administración de medicación (bajo indicación médica) y acompañamiento recreativo. Asimismo, otorga al trabajador el derecho a negarse a realizar tareas ajenas a su función o que entren en conflicto con sus convicciones éticas, siempre que no pongan en riesgo al paciente
Antecedentes y proyección
Esta iniciativa retoma el camino de proyectos previos, como el que obtuvo media sanción en 2019. Sin embargo, la propuesta actual profundiza en la profesionalización y alcanza también a las cooperativas de trabajo, reconociendo las formas autogestionadas que predominan en el sector. De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentar la ley y poner en marcha un sistema que promete jerarquizar una tarea esencial para el bienestar de la comunidad bonaerense
